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Cuatro juezas denunciaron a un colega por "machista" y llevaron la causa al Consejo de la Magistratura

El juez Pablo Salinas fue denunciado por sus colegas del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 por violencia verbal, gestual y psicológica.

Martes, 9 de Junio de 2026
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El juez federal mendocino Pablo Salinas está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura nacional a raíz de una denuncia por violencia machista presentada por sus colegas del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2. Las juezas Paula Marisi, Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereira, quienes previamente destacaron por su fallo contra Walter Bento, denunciaron actitudes violentas de Salinas durante una reunión del Colegio de Jueces de Juicio y Ejecución de Cuyo en 2024.

La denuncia, que involucra violencia verbal, gestual y psicológica, fue elevada desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Mendoza al Consejo de la Magistratura de la Nación. Aunque hubo un intento de desestimación por parte de Alberto Lugones, representante de los jueces, alegando que el tema estaba "superado" y que Salinas había pedido disculpas, la Comisión de Disciplina del organismo decidió posponer el cierre del expediente. Esto permitirá a las denunciantes ampliar su declaración y ofrecer más detalles sobre los hechos ocurridos hace dos años.

Las camaristas solicitaron y obtuvieron la aprobación para que su declaración sea votada en eplenario del Consejo de la Magistratura, donde se espera que presenten situaciones "muy agraviantes" contra Salinas. La denuncia original detalla que el incidente ocurrió el 20 de agosto de 2024, durante una reunión para establecer el reglamento del Colegio de Jueces. Las juezas afirmaron que las actitudes de Salinas, que incluyeron "imputaciones falsas e injuriosas, tono de voz excesivamente elevado e incluso gritos, acompañados de un lenguaje gestual violento", generaron un "clima de conmoción impensado e imprevisto" y evidenciaron "conductas machistas y expresiones prepotentes".

Como resultado de este incidente, las juezas solicitaron la inclusión de un artículo que prevea la participación de un secretario en las reuniones del Colegio para intervenir en situaciones que pongan en peligro el ejercicio de la función y la libertad de expresión, e insistieron en la implementación de normativas de género aprobadas para el funcionamiento del colegio, las cuales encontraron resistencia por parte de algunos integrantes.