El Departamento General de Irrigación avanzó con un paso clave para la ejecución de una importante obra de saneamiento en el Gran Mendoza al declarar de utilidad pública 21 parcelas ubicadas en el distrito de Corralitos, en Guaymallén. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 622, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del proyecto denominado "Aliviador Colectora Máxima Noreste", que será llevado adelante por Agua y Saneamiento Mendoza (AySAM).

La decisión se produce en un contexto sensible para la zona, donde los derrames de efluentes cloacales sobre canales de riego han generado preocupación por sus consecuencias sanitarias y ambientales. La situación derivó además en una causa judicial que tiene imputado al presidente de AySAM, Humberto Mingorance, por presuntos delitos vinculados a daño agravado sobre bienes de uso público y contaminación de aguas de manera peligrosa para la salud.

La resolución habilita a la empresa estatal a realizar todas las gestiones necesarias para incorporar los terrenos afectados al proyecto. Esto podrá concretarse mediante acuerdos con los propietarios, la constitución de servidumbres o, en caso de ser necesario, a través de procesos de expropiación.

De acuerdo con la documentación oficial, los inmuebles serán utilizados para la instalación de infraestructura destinada al transporte y tratamiento de líquidos cloacales. Desde Irrigación señalaron que el proyecto contempla la creación de servidumbres de paso y acueducto sobre las propiedades involucradas y destacaron que la obra busca fortalecer el sistema de saneamiento de la provincia.

La traza prevista atraviesa distintas fincas rurales de Corralitos y afectará superficies de diversa magnitud, que van desde algunos cientos de metros cuadrados hasta más de 11.000 metros cuadrados por parcela. En esta primera etapa, la afectación tendrá carácter preventivo hasta que comiencen los trabajos, tras lo cual se avanzará con la delimitación definitiva y las correspondientes inscripciones registrales.

La normativa también establece que los propietarios alcanzados por la medida deberán ser notificados formalmente y tendrán la posibilidad de presentar recursos ante el Consejo de Apelaciones de Irrigación dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación. Con la publicación de la resolución en el Boletín Oficial, el proyecto suma un nuevo paso administrativo rumbo a su ejecución.