La investigación penal que conmociona al Este provincial sumó definiciones judiciales cruciales en las últimas horas. Los tres detenidos involucrados en la causa de abusos sistemáticos recibieron una dura imputación que los coloca a las puertas de un juicio oral. 

El avance del expediente, liderado por la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual, arrojó medidas de coerción inmediatas: mientras los dos hermanos de la denunciante fueron trasladados directamente a un establecimiento penitenciario, el padre de ellos -un hombre de 80 años que padece una enfermedad terminal- quedó bajo régimen de prisión domiciliaria.

La trama, que salió a la luz tras la denuncia de la víctima, describió años de agresiones perpetradas de manera continuada en el seno del hogar. La gravedad del contexto delictivo era tal que la propia mujer manifestó ante las autoridades de la fiscalía desconocer cuál de sus agresores era el padre biológico de uno de sus hijos, quien actualmente tiene 10 años. 

Un primer estudio genético practicado sobre el anciano de 80 años arrojó un resultado negativo respecto a la filiación, pero aportó un dato clave para los peritos del Laboratorio de Huellas Genéticas: el mapa de ADN demostró que el progenitor del menor pertenecía de manera inequívoca al mismo núcleo familiar directo.

A partir de este indicio, los investigadores recurrieron al Sistema de Índices Combinados de ADN (CODIS), la herramienta informática que almacena y compara perfiles genéticos en causas penales. Debido a que uno de los hermanos sospechosos, de 29 años, se desempeñaba activamente como efectivo en la delegación de la Policía Rural del Este, su registro biológico ya se encontraba asentado en el sistema estatal por su condición de funcionario de las fuerzas de seguridad provinciales. El cotejo digitalizado fue contundente y arrojó una compatibilidad absoluta, ratificando científicamente que el uniformado es el padre del niño.

Con la prueba genética incorporada formalmente al expediente, el fiscal Bergamín ordenó la inmediata captura del policía, la cual se concretó mediante un allanamiento de urgencia en una vivienda del distrito de Palmira, en el departamento de San Martín. 

Durante el procedimiento, los efectivos procedieron además al secuestro de elementos de interés para la causa que el acusado tenía en su poder por su rol institucional: su arma reglamentaria (una pistola Taurus calibre 9 milímetros), dos cargadores provistos, un lote de municiones de diversos calibres, su chaleco balístico oficial y un teléfono celular que ya comenzó a ser peritado de forma exhaustiva por los analistas informáticos.