El Gobierno de Mendoza puso en marcha la capacitación obligatoria en el marco de la Ley Yolanda, una herramienta de formación institucional orientada a incorporar la perspectiva ambiental en todos los niveles del Estado. La iniciativa, impulsada a partir de la adhesión provincial a la normativa nacional, establece que todas las personas que trabajan en la función pública deben formarse en temas ambientales vinculados a su ámbito de acción y toma de decisiones.

La ley lleva el nombre de Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano del país, y busca consolidar un enfoque transversal en la gestión pública. A diferencia de otras normas regulatorias, no establece obligaciones operativas sobre actividades específicas, sino que apunta a fortalecer las capacidades de quienes diseñan, implementan y supervisan políticas públicas, incorporando criterios ambientales desde el inicio.

En Mendoza, la implementación se traduce en un programa de capacitación coordinado por el Ministerio de Energía y Ambiente, con contenidos adaptados a la realidad provincial. La propuesta aborda ejes como cambio climático, desarrollo sostenible, biodiversidad, economía circular y uso responsable de los recursos, con especial atención a desafíos propios de la región, como la gestión del agua en zonas áridas y la articulación entre producción y sostenibilidad.

La capacitación se desarrolla desde la Coordinación de Sostenibilidad, en conjunto con las distintas áreas ambientales del Ministerio, en un proceso de articulación técnica que permite construir una propuesta integral, alineada con las necesidades actuales de la gestión pública.

La estructura del programa contempla módulos que recorren desde una introducción a la ley hasta contenidos específicos vinculados a desarrollo sostenible, cambio climático, economía circular y gestión de Residuos Sólidos Urbanos, biodiversidad, áreas naturales protegidas, energías renovables y transición energética. Esta organización busca garantizar una formación progresiva, con herramientas aplicables a distintos ámbitos de la administración.

La Coordinadora de Sostenibilidad, Carla Ortega, destacó el proceso de construcción de los contenidos y su impacto en la gestión pública al señalar que "este proceso implicó un trabajo muy importante de articulación entre equipos técnicos. Haber desarrollado estos contenidos es una responsabilidad, pero también una oportunidad: quienes formamos parte del Estado tenemos que incorporar herramientas básicas en materia ambiental para mejorar la calidad de las políticas públicas".

La puesta en marcha de la Ley Yolanda en Mendoza se consolida así como una política estratégica orientada a fortalecer las capacidades del Estado y a mejorar la calidad de las decisiones públicas en un contexto donde los desafíos ambientales requieren respuestas cada vez más integradas. En este sentido, la formación se posiciona como un componente clave para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible que articule producción, ambiente e institucionalidad.

Las inscripciones a las capacitaciones se habilitan de manera progresiva a través del IPAP, permitiendo que agentes y funcionarios accedan a los contenidos en distintas etapas. De esta manera, la provincia no solo avanza en el cumplimiento de la normativa nacional, sino que incorpora una herramienta concreta para que la variable ambiental deje de ser un aspecto aislado y pase a formar parte estructural de todas las políticas públicas.