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Mendoza
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La Justicia Federal desarticuló la organización tras una denuncia de la ANMAC. Entre las armas, secuestraron ametralladoras, escopetas, pistolas y granadas
La Justicia Federal desarticuló una red de tráfico de armas de alcance nacional e internacional con 140 allanamientos y 34 detenidos en 13 provincias, entre ellas Mendoza. La organización exportaba escopetas, fusiles de asalto, ametralladoras de alto calibre y explosivos a Chile y Uruguay.
El armamento era adquirido en el mercado legal mediante una red de testaferros inscriptos en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
La investigación quedó a cargo del juez federal Adrián González Charvay y la UFECO del fiscal Santiago Marquevich, con el Departamento Antimafia de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA como brazo ejecutor, de acuerdo a la información publicada por Infobae.
Parte del arsenal que les encontraron
Los allanamientos se extendieron en la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta y Tierra del Fuego. Entre los detenidos figura un efectivo de la Policía de CABA.
El arsenal incautado da la pauta de la magnitud de la organización. En total, secuestraron 25 escopetas, 55 pistolas, 17 revólveres, 7 fusiles, 8 ametralladoras, 5 carabinas, 3 pistolones, 32 cargadores, una granada MK2, 2 cuñetes de pólvora, más de 43.000 municiones de distintos calibres y drogas, entre ellas tusi, cocaína y marihuana.
El esquema de funcionamiento se sostenía en tres engranajes, de acuerdo a Infobae. En la base, usuarios reclutados a cambio de sumas bajas de dinero que figuraban como compradores legales. En un nivel intermedio, gestores e instructores de tiro que certificaban los trámites -incluyendo aptos médicos y psicológicos- a cambio de dinero. En la cima, responsables de armerías que coordinaban las adquisiciones.
La irregularidad se volvió visible cuando la ANMAC detectó compras masivas de armas de gran calibre que no guardaban relación con la capacidad económica de los compradores, lo que motivó la denuncia que dio inicio a la causa.
El caso tiene además un trasfondo normativo. El decreto 397/2025, firmado por el presidente Javier Milei en noviembre pasado, habilitó a civiles y entidades de tiro la compra y tenencia de armas semiautomáticas. Investigadores señalan que la red comenzó a tomar volumen precisamente con la adquisición masiva de pistolas semiautomáticas, entre ellas Glocks.
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