En apenas una semana, más de 230 escuelas de Mendoza se vieron envueltas en un escenario de incertidumbre y miedo. Pintadas en muros, mensajes en redes sociales y rumores de tiroteos obligaron a activar protocolos de emergencia, restringir el ingreso con mochilas y reforzar la presencia policial. Lo que comenzó como aparentes "bromas" terminó revelando la fragilidad de la convivencia escolar y el impacto que generan las intimidaciones en la comunidad educativa.

El Ministerio de Educación presentó 19 denuncias contravencionales contra padres de alumnos identificados como responsables de las pintadas y amenazas. Las sanciones previstas incluyen multas, trabajos comunitarios e incluso días de cárcel en caso de reincidencia. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, fue categórica: "Cada inscripción en una pared o amenaza difundida es un delito consumado con consecuencias graves".
Jóvenes implicados.

La investigación judicial ya tiene seis adolescentes imputables y otros tantos inimputables, cuyos nombres quedarán registrados en los expedientes. En paralelo, una madre fue detenida por instigar a su hijo a ingresar a la escuela con un arma de juguete, aunque luego recuperó la libertad. El mensaje oficial es claro: amenazar con armas o tiroteos en una escuela es delito, y los responsables deberán enfrentar consecuencias.

La crisis generó cerca de 400 llamados al 911 en pocos días, saturando el sistema de emergencias y obligando a desplegar 800 efectivos policiales diarios en tareas de prevención. Las autoridades remarcan que estos hechos no solo afectan la seguridad, sino también el clima de aprendizaje y convivencia en las aulas. Por ello, cada escuela podrá decidir medidas adicionales, como jornadas de reflexión o restricciones en el ingreso con mochilas.