El Concejo Deliberante endureció el Código de Convivencia. Las infracciones muy graves serán juzgadas por un Jurado Vecinal y se garantiza el anonimato para quienes denuncien con fotos o videos.
La Ciudad de Mendoza dio un paso drástico para proteger su sistema hídrico. A través de la Ordenanza Nº 4232, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el municipio endureció las sanciones para quienes arrojen residuos en el espacio público, con un foco punitivo inédito sobre las acequias y canales. La normativa busca erradicar la costumbre de utilizar los cauces como basureros, estableciendo multas que, en sus tramos más altos, alcanzan los $1.725.000.
El cambio fundamental reside en la recategorización de las faltas. Lo que antes era considerado una infracción leve por uso impropio del espacio público, ahora será tratado como falta grave, con multas que oscilan entre los $230.000 y $575.000. Sin embargo, el castigo escala a la categoría de "muy grave" -con topes de hasta 1,7 millones de pesos- cuando se detecte el arrojo de escombros, residuos peligrosos, obstrucción del cauce o cuando el infractor sea reincidente o utilice vehículos para descargar los desechos.
Una de las innovaciones más importantes de la ordenanza es la creación de un sistema de denuncia ciudadana protegida. A partir de ahora, cualquier vecino podrá reportar infracciones enviando fotos y videos a través de canales digitales de mensajería o correo electrónico. Para fomentar la participación y evitar conflictos entre particulares, la autoridad municipal podrá declarar la confidencialidad de los datos del denunciante, garantizando su anonimato durante todo el proceso administrativo.
En cuanto a la resolución de los conflictos, la normativa establece un giro procesal: estas faltas no serán tratadas por la justicia administrativa convencional, sino que quedarán bajo la órbita de la Coordinación del Jurado Vecinal. Este órgano, conformado por ciudadanos, será el encargado de juzgar y determinar las sanciones vinculadas a la higiene de canales y espejos de agua, otorgando un carácter comunitario a la aplicación de la ley.
Desde la comuna resaltaron que el objetivo no es meramente recaudatorio, sino de infraestructura y sanidad. Las obstrucciones en el sistema pluvial son las principales causas de anegamientos durante las tormentas y representan un riesgo sanitario permanente. Por ello, la ordenanza prohíbe terminantemente depositar cualquier elemento en calzadas o desagües que pueda alterar el normal escurrimiento del agua, una pieza vital del ecosistema mendocino.
Finalmente, la ordenanza faculta al Ejecutivo para lanzar campañas de educación ambiental inmediatas. La intención es reforzar la identidad cultural de Mendoza, donde las acequias son un patrimonio histórico que requiere cuidado activo. Con estas herramientas, el intendente busca dotar a los inspectores y a los propios vecinos de un marco legal sólido para castigar a quienes atenten contra la limpieza urbana en un contexto de creciente exigencia por el cuidado del medio ambiente.