El ministro aseguró que no brindarán detalles de los estudiantes, ni de los establecimientos educativos a los que asisten, pero anticipó que los padres serán los que pagarán las consecuencias con multas económicas.

Puntos clave de la situación:

• Imputabilidad: los tres involucrados tienen la edad legal para enfrentar cargos penales.

• Modus operandi:las amenazas fueron difundidas tanto de manera presencial en los colegios como a través de plataformas digitales.

• Acción inmediata: se activaron los protocolos de seguridad y la intervención del Ministerio Público Fiscal.

Sanciones y protocolo escolar

Además del proceso judicial que enfrentan los menores, la Dirección General de Escuelas aplica reglamentos internos para abordar la conducta de los estudiantes. El sistema educativo busca prevenir estos episodios, pero que una vez cometidos, la respuesta debe ser firme para garantizar la seguridad de la comunidad.

Las autoridades instan a los padres y tutores a supervisar el uso de redes sociales y dialogar con los jóvenes sobre la responsabilidad civil y penal que conlleva la difusión de contenido que incite a la violencia o altere el orden público.

Por el momento, se mantiene el monitoreo preventivo en los establecimientos mencionados en las amenazas para asegurar el normal dictado de clases.