La Justicia rechazó este lunes los planteos de la defensa de Hugo Martín Rodríguez Cáceres, el sommelier acusado de atropellar y matar a un policía y a un agente de tránsito en Godoy Cruz mientras conducía en estado de ebriedad, y ordenó que la causa avance a juicio. La decisión se conoció luego de una audiencia realizada en el Fuero Penal Colegiado del Polo Judicial Penal.

La jueza María Alejandra Martín desestimó el pedido de nulidad del requerimiento de citación a juicio y también el planteo de sobreseimiento presentado por el abogado defensor Pablo Cazabán. Con esa resolución, el expediente quedó en condiciones de ser elevado a debate oral.

Rodríguez Cáceres está imputado por homicidio con dolo eventual en concurso real, una calificación que contempla una pena de hasta 50 años de prisión. De acuerdo con fuentes judiciales, el acusado podría apelar esta resolución.

Las víctimas fatales del incidente vial
La acusación se vincula con el siniestro vial ocurrido el 3 de mayo de 2024 en el Acceso Sur, en Godoy Cruz, donde murieron el policía Leonardo Exequiel Alarcón Quiroga, de 35 años, y el preventor municipal Santiago David Velázquez Guevara, de 23.

La investigación sostiene que el hecho ocurrió pasadas las 23.30, cuando personal policial y de Tránsito realizaba un control vehicular a la altura de calle Sarmiento. En ese contexto, Rodríguez Cáceres circulaba hacia el norte a bordo de una Ford EcoSport roja y, pese a la presencia de los uniformados, continuó su marcha a alta velocidad, impactó contra una movilidad policial y luego embistió a los dos uniformados.

Como consecuencia del impacto, el trabajador municipal murió en el lugar, mientras que el oficial principal fue trasladado con graves heridas al Hospital Central, donde falleció horas después. Los peritajes determinaron que el conductor tenía 2,68 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del hecho.

En los primeros meses de la instrucción, el imputado había quedado con prisión preventiva, aunque posteriormente el Tribunal Penal Colegiado Nº1 le concedió el beneficio de cumplirla bajo la modalidad de detención domiciliaria en una vivienda de San Carlos, tras el pago de una caución de 4 millones de pesos.

Además, se le impuso la prohibición de salir del país, la retención del pasaporte y la obligación de presentarse a firmar ante el tribunal mientras el expediente avanza hacia el juicio.