El Gobierno provincial, bajo la órbita del Ministerio de Energía y Ambiente, formalizó una denuncia penal por la "posible comisión de los delitos de obstrucción o impedimento de las funciones de funcionario público, atentado contra la salud pública y desobediencia". La acción judicial se produce en el contexto de una creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo de Cuyo.

De acuerdo con la información suministrada por la cartera que dirige Jimena Latorre, el conflicto se originó el pasado viernes tras un incidente operativo. En esa jornada, la firma Petróleos Sudamericanos dio aviso a la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental sobre un derrame de 10 metros cúbicos de crudo localizado en la zona de Barrancas, en el departamento de Maipú.

A pesar de que la operadora activó de forma inmediata los protocolos de contingencia, que incluyeron el bloqueo del ducto y maniobras de bombeo, las tareas de remediación ambiental se vieron neutralizadas. Según el reporte oficial, el saneamiento fue interrumpido debido a que el gremio, en ejercicio de medidas de fuerza, habría omitido la designación del personal mínimo requerido para realizar las labores de limpieza y mitigación en el terreno.

Al respecto, la ministra Latorre se pronunció este lunes a través de sus redes sociales para ratificar la postura oficial y detallar los impedimentos reportados en el área afectada: "Tras el incidente, la empresa nos notificó inmediatamente, inició con las tareas de contingencia y luego informó que no podía avanzar con el saneamiento porque las medidas gremiales del Sindicato impedían el trabajo de las cuadrillas y el uso de la maquinaria necesaria".

Debido a la urgencia ambiental, tuvo que intervenir la Policía para garantizar que se llevara a cabo la remediación. Ahora, la ministra anunció la presentación judicial contra el sindicato.

"Denunciamos ante el Ministerio Público Fiscal a delegados gremiales por impedir el ingreso del personal mínimo para realizar tareas de saneamiento", destacó la funcionaria. "Ningún interés sectorial puede estar por encima del cuidado del ambiente y la salud de los mendocinos", aseveró.

Latorre sostuvo que "ante la situación, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental inspeccionó el lugar y dio aviso a la fuerza pública, que se hizo presente en el lugar y actuó para que la empresa pudiera continuar con la remediación".

La denuncia radicada, relató, es por la posible comisión de los delitos de obstrucción o impedimento de las funciones de funcionario público, atentado contra la salud pública y desobediencia.