La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, defendió la media sanción al proyecto de baja de la edad de imputabilidad y aseguró que la provincia está en condiciones de aplicar la reforma si se convierte en ley.

En declaraciones a medios locales, la funcionaria puso el foco en los datos provinciales: durante 2025 se registraron alrededor de 350 jóvenes imputables vinculados a delitos, y el 90% recibió medidas alternativas, es decir, no fue alojado en un sistema privativo de la libertad.

"Como sociedad argentina lo que se está validando es que un joven de 14 años puede comprender la criminalidad del acto", afirmó al referirse al debate legislativo que avanza en el Congreso de la Nación Argentina.

El diagnóstico en Mendoza

Actualmente, en Argentina la imputabilidad comienza a los 16 años. Con la eventual modificación para incluir a adolescentes desde los 14, Rus estimó que podría haber un aumento en la cantidad de casos, aunque descartó un impacto crítico en el sistema.

"No va a traer un caos", sostuvo. Y detalló: "Si nos fijamos en las cifras, cerca del 90% de estos jóvenes reciben medidas alternativas de contención".

La ministra también indicó que en Mendoza no se registraron homicidios cometidos por jóvenes de entre 14 y 16 años en 2025, salvo un caso aislado ocurrido en 2024.

"La ley penal no está para resolver problemas sociales"

Rus rechazó las críticas que sostienen que la reforma desconoce los contextos de vulnerabilidad social. No obstante, marcó una diferenciación:

"La ley penal juvenil no está destinada a resolver problemas socioeconómicos. Eso es tarea del Estado, pero por otro carril. No puede funcionar como un sistema de impunidad".

Y agregó:

"No podemos generalizar diciendo que como el Estado falló, entonces no hay responsabilidad. La ley penal tiene que fijar límites y proteger a las víctimas".

Infraestructura y financiamiento

La ministra reconoció que la reforma implicará inversión, aunque afirmó que Mendoza cuenta con un Fuero Penal Juvenil especializado y capacidad instalada para afrontar el cambio normativo.

Recordó que en 2025 se inauguró un centro de monitoreo dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil y que continúan obras en infraestructura penitenciaria.

Además, advirtió que el financiamiento nacional previsto -unos $23 millones a distribuir entre las provincias- deberá efectivamente transferirse para garantizar la implementación.

Un "nuevo contrato social"

Para Rus, la media sanción representa un cambio de paradigma en materia penal juvenil.

"Lo que se está validando es un nuevo contrato social: que a los 14 o 15 años no vas a quedar impune cuando sabemos que ese joven entiende perfectamente que empuñar un arma o disparar está mal", concluyó.

El proyecto ahora espera tratamiento en el Senado, donde podría recibir sanción definitiva en las próximas semanas.