La nueva normativa busca agilizar las causas judiciales y hacer más eficiente la investigación penal en la provincia.
El Senado de Mendoza dio luz verde a la reforma del Código Procesal Penal impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo. Con 19 votos a favor y 17 en contra, la iniciativa avanzó sin el respaldo de la oposición, que cuestionó la falta de debate y el impacto en la justicia.
La nueva normativa busca agilizar las causas judiciales y hacer más eficiente la investigación penal en la provincia. Según Walther Marcolini, senador informante del proyecto, esta reforma se suma a otras doce leyes sancionadas desde 2016 con el mismo objetivo: un proceso más rápido, transparente y preciso.
Entre los cambios clave, la reforma modifica el artículo 22 para reducir demoras en la investigación, regula los tiempos para plantear nulidades (artículo 201) y otorga al fiscal la facultad de archivar causas con supervisión del juez de garantías (artículo 346). Además, establece un mecanismo para resolver discrepancias entre fiscales y jueces, asegurando una doble revisión del proceso.
Los artículos 350, 355, 466, 481 y 482 limitan las apelaciones a situaciones específicas, evitando retrasos innecesarios en los juicios. En caso de desacuerdo entre un fiscal y un juez sobre un sobreseimiento, la decisión pasará a un fiscal adjunto penal. Si este ratifica la postura del fiscal, el juez deberá resolver; si no, un fiscal subrogante tomará la causa.
El bloque justicialista rechazó la reforma y denunció la falta de diálogo con especialistas y colegios profesionales. La senadora Adriana Cano señaló que la medida no acelera la justicia, sino que complica los procesos y afecta derechos fundamentales. "Limitar apelaciones y nulidades entorpecerá el debate, hará las causas más complejas y aumentará los costos", advirtió.
A pesar de las críticas, la reforma ya es ley y modificará el funcionamiento del sistema judicial en Mendoza. Su impacto se verá reflejado en las próximas causas que entren en el nuevo esquema procesal.