En un reciente comunicado oficial, el Gobierno de Mendoza destacó que el sindicato de los funcionarios judiciales fue el único entre los 18 gremios en paritarias que rechazó la propuesta de aumento salarial. Ante esta negativa, la administración de Alfredo Cornejo decidió aplicar la suba de sueldos a través de un decreto.

Sin embargo, esta medida no cierra el capítulo del conflicto salarial en el ámbito judicial. Los funcionarios, quienes son piezas clave en el trabajo de jueces, fiscales y magistrados de la Suprema Corte de Justicia provincial, mantienen un reclamo pendiente que recae sobre el máximo tribunal de Mendoza.

El punto en disputa es la restitución de la "Cláusula C", una normativa que durante años garantizó aumentos automáticos para los funcionarios judiciales cada vez que se actualizaban los salarios de jueces y fiscales. Aunque eliminada, su regreso sigue siendo una de las principales exigencias del gremio, sumando tensión a una problemática que aún busca resolución.