Mendoza impulsa una reforma al Estatuto Docente con "ficha limpia" para el personal educativo

El Gobierno de Mendoza presentó ante la Legislatura un proyecto de ley que busca reformar el Estatuto Docente para incorporar la figura de "ficha limpia". La iniciativa, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, establece que quienes tengan condenas penales en primera instancia por delitos graves quedarán inhabilitados para ejercer cargos en el sistema educativo.

Entre los delitos contemplados se incluyen aquellos contra la integridad sexual, la supresión o suposición del estado civil e identidad, y delitos contra la libertad individual. Además, la normativa plantea que las sentencias por estos actos serán causal de despido y de inhabilitación permanente para docentes, celadores y personal administrativo, tanto titulares como suplentes.

El proyecto modifica varios artículos de la Ley N° 4934, conocida como Estatuto Docente, que regula los derechos y deberes del personal educativo estatal. En los fundamentos, se enfatiza la necesidad de actualizar la legislación para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en las escuelas.

"El contexto social actual, con un incremento de denuncias por acoso, violencia y maltrato, exige ajustes en las normativas para garantizar la prevención y protección de los menores", subrayan las autoridades provinciales.

En línea con la Ley de Educación Nacional N° 26.206, la propuesta incorpora cambios para que las provincias adapten sus legislaciones laborales. Así, se incluye la inhabilitación para el ejercicio docente de quienes hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual, incluso si fueron beneficiados por indultos o conmutaciones de pena.

Principales modificaciones

La reforma añade nuevos requisitos para el ingreso a la docencia: los aspirantes no podrán tener condenas penales en primera instancia, aunque la pena sea en suspenso, por delitos comprendidos en los capítulos específicos del Código Penal relacionados con integridad sexual, identidad y libertad individual.

También endurece las sanciones disciplinarias. Por ejemplo, mientras la cesantía implica una inhabilitación especial de tres años y la exoneración de diez, en el caso de estos delitos la inhabilitación será definitiva.

Asimismo, las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, deberán garantizar que personas inhabilitadas de forma permanente no ingresen al sistema educativo bajo ninguna circunstancia.

Registro único de sanciones

El proyecto también prevé la creación del Registro Único de Sumarios, Sanciones e Inhabilitaciones (RUSSI), que será gestionado por la Dirección General de Escuelas (DGE). Este registro incluirá información sobre docentes, celadores y personal administrativo, tanto titulares como suplentes.

Con esta medida, el gobierno busca reforzar los controles y evitar que personas con antecedentes penales puedan desempeñarse en el ámbito educativo.