En las últimas horas, se conoció que el Gobierno provincial ha enviado un nuevo proyecto a la Legislatura que propone la disolución del Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS).

Con esta medida, el organismo dejaría de ejercer funciones de regulación, protección de los derechos de los usuarios y control de los servicios de agua potable y saneamiento. Estas responsabilidades pasarían a estar bajo la órbita del Departamento General de Irrigación, a cargo de Sergio Marinelli.

El proyecto destaca que el Departamento General de Irrigación (DGI) ya participa activamente en la asignación de los recursos hídricos y cuenta con una presencia significativa en el territorio, además de una estructura institucional sólida y un equipo de profesionales capacitados.

La elección del DGI como nuevo ente regulador se justifica por su extensa trayectoria en la gestión de los recursos hídricos y su profundo conocimiento del territorio mendocino, lo que lo posiciona con la capacidad técnica necesaria para enfrentar los desafíos del sector. 

Asimismo, la institución cuenta con una red de infraestructura y personal especializado que facilitará la optimización de los procesos y la reducción de costos.

El documento también menciona la necesidad de establecer un nuevo marco normativo para la distribución y asignación de funciones relacionadas con el servicio público de agua potable y saneamiento, teniendo en cuenta la realidad actual del sector y basado en un enfoque integral que contemple las distintas modalidades de prestación de servicios en Mendoza.