El Instituto de Educación Superior (IES) 9-001 ha quedado en el centro de la escena, producto de una serie de irregularidades que han dejado muy mal parada a Mariela Ramos, actual directora de Educación Superior de Mendoza.

Resulta que el pasado 16 de agosto, tal cual relataron los colegas de América Diario, la rectora de la institución, Carina Micheli, presentó la renuncia a su cargo.

Tras la dimisión de Micheli, el que debería haber tomado las riendas de la institución es el profesor Gustavo Fornés, basándose en lo que detalla el Decreto 530/18.

Sin embargo, Ramos, hizo caso omiso a la reglamentación y obedeciendo "a un extraño memorándum de la Directora de Educación Superior -sin fecha y que cambió su número de un momento a otro-", optó por hacerse cargo de la institución hasta el 2028.

Fornés, en diálogo con el medio citado, explicó que "el Consejo Directivo decidió no considerar lo que establece el Decreto 530, sino obedecer a un extraño memorándum de la Directora de Educación Superior -sin fecha y que cambió su número de un momento a otro-, en el que ella dispuso literalmente esto: 'El Consejo Directivo deberá proceder a la designación como Rector/a al segundo cargo de gobierno en orden de mando (Director/a de nivel) hasta completar el mandato de la renunciante"".

El docente, conocedor del tema, señaló que esa reglamentación detalla que "en caso de licencia prolongada, renuncia, cesantia, exoneración, jubilación o baja por incapacidad o fallecimiento del rector, asumirá el vice-rector; y para el caso de establecimientos sin la figura de este último, asumirá el docente que haya obtenido el segundo lugar en la votación directa hasta completar el mandato".

Estas irregularidades no quedaron ahí, y el propio Fornés confirmó que el pasado viernes 6 elevó una demanda penal. Le pidió al fiscal que comience una investigación por posible posible comisión de delito por parte de la funcionaria -lo que habitualmente se conoce como incumplimiento de deberes de funcionario público- ,y por la responsabilidad de aquellas personas que permitieron o colaboraron activamente en los hechos denunciados -como podría ser la de los miembros del Consejo Directivo.