El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, dedicando un capítulo específico a Argentina donde alerta sobre la corrupción durante el gobierno del ex presidente Alberto Fernández.

En la sección 4, el informe señala: "Aunque la ley contemplaba sanciones penales por corrupción de funcionarios, el gobierno no las aplicó efectivamente. Durante el año se reportaron numerosos casos de corrupción gubernamental. Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado obstaculizaron los esfuerzos para combatir la corrupción".

El informe menciona el caso de la ex presidenta Cristina Kirchner: "Fernández de Kirchner y otras nueve personas (de un total de 45 implicados) fueron acusadas de recibir sobornos, pagar sobornos o ambas cosas en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015, durante su presidencia".

También destaca que "los fiscales calcularon que el valor total de los sobornos ascendía a 160 millones de dólares. Fernández de Kirchner fue condenada y, en diciembre de 2022, un tribunal de primera instancia la sentenció a seis años de prisión, multa e inhabilitación perpetua para cargos públicos. Sin embargo, la sentencia no sería definitiva hasta que se resolvieran las apelaciones finales".

Además, el informe menciona otras causas de corrupción que involucran al Poder Judicial, como el caso del ex juez federal de Mendoza Walter Bento: "En julio comenzó un juicio federal contra Bento, su familia y otros 29 acusados, incluidos abogados y agentes de policía".

"Bento fue acusado de liderar una organización criminal con vínculos con el narcotráfico, y se le imputaron cargos por lavado de dinero y por aceptar sobornos a cambio de clemencia y otros beneficios judiciales. En noviembre, Bento fue puesto en prisión preventiva tras perder sus privilegios de inmunidad y ser destituido de su cargo por mal desempeño", agrega el texto.

Por último, el informe resalta los problemas de corrupción en las fuerzas de seguridad, que incluyen extorsión y protección de personas involucradas en actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la trata de personas. Además, se mencionan acusaciones de corrupción en los tribunales provinciales y federales.