La medida quedó formalizada mediante decreto publicado en el Boletín Oficial, con un plazo de diez años para su utilización.

El Gobierno aprobó una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta US$600 millones para reformar la administración tributaria federal, con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como organismo técnico del programa.
La medida se publicó en el Boletín Oficial el 28 de septiembre de 2026, en el Decreto 1115/2026, con las firmas del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo. En la normativa se contempla un primer préstamo de hasta US$100 millones para iniciar los cambios.
La línea de financiamiento, denominada Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) N°?AR-O0035, tendrá un plazo de utilización de diez años. Su objetivo es mejorar la efectividad, eficiencia y transparencia de la gestión de los ingresos públicos.
Dentro del esquema, el decreto también aprobó el contrato de préstamo BID N°?6139/OC-AR por hasta US$100 millones, que financiará el programa. Así se distinguen la línea condicional de US$600 millones y el préstamo inicial de US$100 millones.
El programa tiene dos objetivos específicos: mejorar la gobernanza y la capacidad institucional de ARCA, y fortalecer la administración de los ingresos tributarios. Se estructurará en cuatro componentes: gobernanza institucional, gestión de riesgos, transformación de la experiencia del contribuyente y modernización digital.
La ejecución y la coordinación administrativa quedarán a cargo del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, mientras ARCA actuará como organismo técnico sustantivo.

Antes de la operación, el Banco Central evaluó su posible efecto sobre las cuentas externas y concluyó que el impacto será limitado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas.
La Oficina Nacional de Crédito Público también consideró que el costo financiero del préstamo es inferior al que la República podría obtener en el mercado.
El decreto faculta al ministro de Economía y al secretario de Finanzas para suscribir el acuerdo de crédito condicional y el contrato de préstamo, y permite modificar el acuerdo siempre que no se altere sustancialmente el objeto, el monto ni el procedimiento arbitral.
