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El juez Martín Cormick rechazó el pedido del Gobierno para levantar la medida cautelar y le dio tres días para informar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos con las universidades y los gremios
La Justicia federal rechazó un pedido del Gobierno nacional para dejar sin efecto la medida cautelar vinculada al financiamiento de las universidades públicas y ordenó al Ejecutivo informar, en un plazo de tres días, cuál es el nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con el sector.
La decisión fue adoptada por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas organizaciones contra el Poder Ejecutivo por la aplicación del Decreto 759/25.
El Gobierno había solicitado que se levantara la cautelar luego de los acuerdos alcanzados en junio con representantes universitarios y gremios docentes y no docentes. En su presentación, sostuvo que esas negociaciones y las medidas administrativas posteriores habían cambiado el escenario que motivó originalmente la intervención judicial.
Sin embargo, Cormick entendió que las condiciones que dieron origen a la cautelar todavía persisten. Según consideró, el Estado no pudo acreditar que los acuerdos alcanzados hayan solucionado de manera efectiva el deterioro de los ingresos, la pérdida de poder adquisitivo y la situación salarial del sistema universitario.
El Ejecutivo había incorporado como un nuevo elemento al expediente un acta firmada el 10 de junio entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y diferentes organizaciones gremiales.
Dentro de los compromisos establecidos se incluyó un aumento salarial acumulado del 24,33% para docentes y trabajadores no docentes. El esquema contemplaba una mejora del 21,33% en junio y un 3% adicional en octubre.
También se acordó una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, una partida adicional de $50.000 millones destinada a hospitales universitarios durante 2026 y un aumento del 50% para las Becas Manuel Belgrano desde junio
A su vez, las partes definieron que las negociaciones paritarias continuarían realizándose con intervalos que no podrían superar los tres meses.
Con estas medidas, la administración nacional argumentó que las principales razones que habían llevado al dictado de la cautelar estaban siendo atendidas y que, en consecuencia, ya no existía el riesgo que justificaba mantenerla vigente.
El planteo fue rechazado por el juez. En la resolución recordó que la cautelar había sido dispuesta hasta que exista una sentencia definitiva y que posteriormente fue ratificada por la Cámara Nacional de Apelaciones.
Además, señaló que el recurso extraordinario presentado por el Estado fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026, por lo que la medida quedó firme.
Cormick sostuvo que el Ejecutivo "no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente" de los acuerdos y tampoco pudo acreditar una solución definitiva frente al deterioro de los ingresos y la pérdida salarial del sector universitario.
Por ese motivo, consideró que continúan existiendo las circunstancias necesarias para mantener la protección judicial.
El magistrado aclaró que la decisión no representa una definición sobre el planteo de fondo, sino que únicamente mantiene vigente la cautelar mientras continúa la tramitación del expediente.
Además de rechazar el levantamiento de la medida, el Juzgado ordenó avanzar con su ejecución.
El Gobierno deberá presentar, dentro de los tres días posteriores a la notificación, un informe elaborado por las áreas correspondientes junto con la documentación que permita respaldar los datos aportados.
En ese escrito tendrá que detallar qué avances se produjeron a partir de los acuerdos alcanzados en junio, cuál es el estado de ejecución de cada una de las medidas comprometidas y qué nivel de cumplimiento presenta actualmente la cautelar.
La resolución también dispuso reanudar el procedimiento para avanzar hacia una sentencia en el expediente principal.
De esta manera, la medida cautelar seguirá vigente mientras la Justicia analiza el fondo del conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas.
La decisión implica un nuevo revés judicial para el Ejecutivo en la disputa por el financiamiento universitario, debido a que el juez consideró que las mejoras salariales y presupuestarias anunciadas hasta ahora no alcanzan para sostener que desaparecieron las condiciones que motivaron la intervención de la Justicia.L
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