El Gobierno analiza introducir un nuevo mecanismo para reforzar los ingresos de los trabajadores formales con salarios más bajos. La propuesta contempla establecer un piso bruto de $1.070.000 dentro de los convenios colectivos mediante bonos o sumas fijas no remunerativas que se sumarían a los incrementos acordados en paritarias.

La iniciativa comenzó a discutirse en conversaciones reservadas entre funcionarios nacionales y dirigentes de la CGT. El esquema no implicaría abandonar la pauta del 2% mensual que el Ejecutivo utiliza como referencia para homologar aumentos, sino complementarla con pagos adicionales destinados a elevar los salarios de las categorías inferiores.

En términos netos, ese piso equivaldría a unos $860.000 de bolsillo. El objetivo sería alcanzar especialmente a trabajadores de actividades donde los ingresos se encuentran más rezagados, entre ellas la industria textil, el sector rural, la metalurgia, el calzado, la construcción, la gastronomía y los servicios de maestranza.

En varias de esas ramas, los salarios brutos actualmente se ubican entre $800.000 y $1.000.000, por debajo de los valores necesarios para cubrir la canasta básica de una familia.

La discusión aparece en momentos en que el Gobierno busca alternativas para recomponer ingresos y estimular el consumo sin recurrir a transferencias directas del Estado. En la Casa Rosada rechazan que el esquema pueda ser considerado un "Plan Platita" y remarcan que los pagos serían asumidos por las empresas, por lo que no generarían un aumento del gasto público.

La CGT, sin embargo, considera que el monto propuesto queda corto. Desde la central obrera plantearon que ningún salario debería ubicarse por debajo del valor de la canasta básica total, que en julio llegó a $1.564.000.

"Es insuficiente", señalaron desde la conducción sindical, donde anticiparon que buscarán llevar ese reclamo a cada una de las negociaciones por actividad.

El diseño del nuevo esquema cuenta con el aval del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, será uno de los encargados de llevar la propuesta a las discusiones paritarias y ya comenzó a transmitir sus principales lineamientos a distintos gremios.

Uno de los principales interrogantes pasa ahora por la respuesta de las empresas. En sectores afectados por la caída de la actividad, las cámaras empresarias vienen advirtiendo sobre las dificultades para afrontar los aumentos salariales ya acordados, por lo que la incorporación de nuevos bonos podría generar resistencia.

El debate se produce además en un contexto de pérdida de poder adquisitivo. Según datos oficiales, los salarios de los trabajadores privados registrados aumentaron 1,9% en junio, mientras que la inflación mensual fue de 2,1%.

La diferencia se profundiza al observar períodos más largos. Durante el primer semestre, los ingresos formales crecieron 14,5% frente a una inflación acumulada de 19,3%. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, los salarios registrados acumulan una caída real de 3,6%.

La propuesta del piso de $1.070.000 se discute, además, en paralelo con la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil, cuyo nuevo valor será tratado este viernes en el Consejo del Salario. Actualmente se ubica en $376.600, aunque ese ámbito no será utilizado para definir el mecanismo que el Ejecutivo analiza aplicar en los convenios colectivos.