Una pyme metalúrgica del conurbano bonaerense, que emplea a 18 trabajadores, quedó bajo riesgo de embargo después de no poder afrontar en término el pago del IVA correspondiente a julio.

Según se informó, la empresa mantiene su actividad formalizada, abona los salarios en fecha y cumple habitualmente con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, durante agosto sufrió un problema de liquidez luego de que uno de sus principales clientes demorara 45 días el pago de una factura de peso para la compañía.

El vencimiento del IVA operó el 15 de agosto y la firma no logró reunir la totalidad de los fondos necesarios. Apenas una semana después, el 22 de agosto, ya se había emitido la boleta de deuda y comenzado el procedimiento de ejecución fiscal.

Tres días más tarde, el 25 de agosto, la empresa recibió el mandamiento de intimación de pago, con un plazo de cinco días hábiles para regularizar la situación o presentar alguna de las excepciones previstas en el procedimiento.

El corto margen encendió la preocupación de la firma, ya que en ese período resulta difícil resolver el atraso de un cliente, obtener liquidez extraordinaria, vender stock o avanzar en alternativas de financiamiento.

En paralelo, el abogado de ARCA solicitó un embargo preventivo. De concretarse una medida sobre las cuentas bancarias, la empresa podría enfrentar dificultades para pagar salarios, proveedores y sostener su ritmo habitual de producción.

Desde la pyme advierten que una interrupción en la cadena de pagos podría trasladarse rápidamente a la actividad: sin fondos disponibles se complicaría la compra de insumos, lo que podría afectar la producción y, eventualmente, poner en riesgo puestos de trabajo.

El caso vuelve a poner en discusión los tiempos de los procedimientos de ejecución fiscal y su impacto sobre pequeñas y medianas empresas que atraviesan problemas transitorios de liquidez, aun cuando continúan operando y generando empleo.