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El documento fue elaborado tras el informe técnico del organismo encargado de analizar las cuentas del exjefe de Gabinete
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Gerardo Pollicita envió un requerimiento de justificación patrimonial para que el exfuncionario explique una serie de inconsistencias detectadas durante el análisis de sus bienes y movimientos financieros.
El documento tiene 210 páginas e incluye más de 20 preguntas específicas que Adorni deberá responder. El pedido se elaboró después de incorporar al expediente un informe técnico realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI).
El organismo analizó la evolución patrimonial y financiera de Adorni y de su pareja, Bettina Angeletti, desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. El estudio detectó inconsistencias en los movimientos relevados, aunque no determinó una cifra concreta correspondiente a un eventual desbalance.
A partir de esos resultados, la fiscalía decidió avanzar con el pedido formal de explicaciones, una instancia que en ámbitos judiciales suele ser considerada una suerte de "indagatoria blue".
Entre los puntos sobre los que deberá brindar explicaciones aparecen las rectificaciones realizadas en sus declaraciones juradas, gastos efectuados en efectivo durante viajes al exterior y las obras realizadas en la vivienda de Indio Cuá.
La investigación reconstruyó la composición y evolución de los bienes del grupo familiar, además de inversiones, créditos, deudas y disponibilidades registradas durante el período bajo análisis.
Los investigadores también buscaron establecer cuáles fueron las fuentes de ingresos respaldadas por documentación y diferenciarlas de operaciones que no implicaron la incorporación de nuevos fondos, como transferencias entre cuentas propias, rescates de inversiones, conversiones de moneda, préstamos o venta de activos.
Otro de los ejes fue reconstruir las entradas y salidas de dinero y determinar su relación con compras de bienes, gastos habituales y extraordinarios, consumos, operaciones en efectivo o moneda extranjera y cancelaciones de deudas.
Una parte relevante de la investigación está vinculada con las operaciones realizadas con criptoactivos. La DAFI recopiló información sobre cuentas, plataformas y billeteras virtuales para analizar depósitos, retiros, compras, ventas y transferencias.
Ese material fue contrastado con las declaraciones juradas y los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales incorporados a la causa.
En particular, la Justicia busca determinar las circunstancias relacionadas con los supuestos US$200.000 que Adorni declaró haber invertido en Bitcoin, uno de los aspectos que habría requerido estudios adicionales durante la elaboración del informe.
También se analizaron los bienes incorporados al patrimonio, sus fechas y valores de adquisición, las formas de pago utilizadas y las fuentes de financiamiento. En los casos de préstamos u otros mecanismos similares, se buscó establecer la capacidad económica de las partes y verificar la documentación presentada.
La DAFI elaboró además una ecuación patrimonial anual y acumulada, tanto de Adorni y Angeletti por separado como del grupo familiar en conjunto. El objetivo fue comparar los ingresos y fondos disponibles con las adquisiciones, gastos, consumos y pagos registrados.
A partir de ese análisis se identificaron operaciones que podrían presentar documentación incompleta, diferencias respecto de declaraciones anteriores o dificultades para ser conciliadas con los ingresos acreditados.
La causa contra Adorni continúa en etapa de instrucción y, por el momento, no existe una determinación judicial de enriquecimiento ilícito. El requerimiento busca precisamente que el exfuncionario pueda brindar explicaciones sobre las inconsistencias detectadas antes de que la investigación avance hacia otras instancias.
En paralelo, la Justicia mantiene abierta otra investigación relacionada con un viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el feriado de Carnaval en un vuelo privado. En ese expediente se intenta establecer quién pagó el traslado y analizar su vínculo con el empresario y periodista Marcelo Grandio, además de eventuales contratos de este último con organismos estatales.
