La investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos sobre supuestas maniobras financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumará este jueves un nuevo capítulo. Un Gran Jurado con sede en Miami comenzará una serie de audiencias reservadas para analizar si existieron delitos económicos relacionados con la explotación comercial de la Selección argentina en territorio estadounidense.

En esta instancia, los investigadores convocaron a declarar a un grupo de testigos bajo estricta confidencialidad. Las citaciones fueron emitidas mediante órdenes judiciales (subpoenas), que además exigen la entrega de documentación vinculada a la empresa TourProdEnter LLC y de todas las comunicaciones mantenidas con dirigentes de la AFA y el productor teatral Javier Faroni.

Entre las personas mencionadas en la investigación figuran el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, Diego Lucero y el propio Faroni. El objetivo de la pesquisa es determinar si existen pruebas suficientes para avanzar por presuntos delitos de lavado de dinero y fraude bancario bajo la legislación estadounidense.

La investigación está a cargo del fiscal Michael Berger, en representación de la Fiscalía de Florida, junto con Patrick Gushue, integrante del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Uno de los principales ejes del expediente es establecer el vínculo entre la dirigencia de la AFA y TourProdEnter LLC, una compañía radicada en Estados Unidos, propiedad de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Según la hipótesis de los investigadores, la firma habría administrado cerca de 300 millones de dólares desde 2021 provenientes de la organización de partidos amistosos internacionales y acuerdos comerciales con empresas como Adidas y Warner.

Los investigadores también analizan el recorrido de esos fondos a través de distintas entidades financieras internacionales. Entre los bancos mencionados en la causa aparecen JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.

Por el momento, las deliberaciones del Gran Jurado se desarrollarán de manera confidencial, tal como establece el sistema judicial estadounidense. No existe un plazo determinado para que ese cuerpo defina si hay elementos suficientes para avanzar con una acusación formal contra los involucrados.