El Gobierno nacional oficializó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Migraciones e incorpora nuevas causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros que promuevan discursos de odio, actos de violencia contra los argentinos o agravien los símbolos patrios.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei y publicada en el Boletín Oficial, establece que podrán ser rechazados en la frontera o expulsados del país quienes emitan mensajes, ya sean orales o escritos, que inciten al odio, la discriminación o la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por motivos de nacionalidad. También alcanza a quienes participen en actos de ultraje a la bandera, el escudo, el himno u otros símbolos nacionales, o promuevan este tipo de conductas.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión busca reforzar la protección de la Nación, sus ciudadanos y sus emblemas, en un contexto marcado por manifestaciones hostiles contra Argentina registradas en los últimos meses, especialmente durante el Mundial de fútbol disputado en Estados Unidos, México y Canadá, donde las redes sociales concentraron numerosas expresiones ofensivas hacia el país.

El decreto aclara, además, que las nuevas disposiciones no alcanzarán a las opiniones críticas ni a las expresiones de carácter político, académico o ciudadano que se encuentren amparadas por la Constitución Nacional y formen parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

Entre los cambios incorporados, el DNU suma una nueva causal de prohibición de ingreso al artículo 29 de la Ley de Migraciones y agrega el mismo criterio como motivo de expulsión en el artículo 62. Asimismo, modifica el artículo 63 para establecer que, cuando se configure alguna de estas situaciones, la cancelación de la residencia podrá derivar en la obligación de abandonar el país dentro del plazo fijado por las autoridades o, directamente, en la expulsión del territorio argentino, según las circunstancias de cada caso.

La normativa entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento.