El mercado inmobiliario argentino podría experimentar un cambio sustancial si avanza en el Congreso la reforma que prepara el Gobierno nacional. La iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca flexibilizar las condiciones para ejercer el corretaje y modificar el esquema que funciona actualmente.

El punto central del proyecto consiste en dejar de considerar al corretaje inmobiliario como una profesión regulada y encuadrarlo como un servicio de intermediación comercial. De aprobarse, el nuevo modelo alcanzaría a corredores, inmobiliarias, colegios profesionales, franquicias, desarrolladores y plataformas digitales, además de tener efectos sobre propietarios, compradores e inquilinos.

Uno de los cambios más importantes sería el fin de la matrícula obligatoria. Actualmente, quienes realizan operaciones de intermediación deben contar con una matrícula habilitante en la jurisdicción correspondiente. La propuesta pretende eliminar ese requisito, al igual que la obligación de poseer un título universitario específico para desarrollar la actividad.

De esta manera, personas y empresas podrían ofrecer servicios inmobiliarios siempre que respeten las normas generales aplicables a las actividades comerciales.

La modificación también reduciría considerablemente las atribuciones de los colegios profesionales. Estas entidades actualmente administran las matrículas y tienen facultades para sancionar, suspender o excluir a corredores ante determinados incumplimientos.

Con el nuevo esquema, los colegios podrían continuar funcionando, pero como asociaciones de participación voluntaria y sin capacidad para regular el acceso al mercado o ejercer el actual control disciplinario.

Otro cambio apunta a eliminar las barreras territoriales. Un corredor habilitado en una jurisdicción actualmente puede necesitar nuevas inscripciones para trabajar en otra provincia. La reforma permitiría operar en diferentes puntos del país sin multiplicar matrículas y trámites.

Esta modificación podría beneficiar especialmente a franquicias, cadenas inmobiliarias y plataformas digitales interesadas en ampliar su presencia a escala nacional.

También se propone liberar la negociación de los honorarios. Las escalas mínimas u orientativas establecidas en distintas jurisdicciones dejarían de condicionar las comisiones y cada prestador podría acordar directamente con sus clientes cuánto cobrar por sus servicios.

Desde el Gobierno consideran que una mayor competencia podría reducir los costos de las operaciones y facilitar el ingreso de nuevos actores. Los sectores críticos, en cambio, advierten sobre una eventual pérdida de controles y garantías para los consumidores.

La transformación podría ir incluso más allá de las inmobiliarias tradicionales. Al considerar la intermediación como una actividad comercial, podrían ganar espacio las proptech, fintech, bancos, desarrolladores y marketplaces que combinen operaciones inmobiliarias con herramientas financieras, jurídicas y tecnológicas.

Además, el nuevo escenario podría acelerar la utilización de inteligencia artificial, sistemas automatizados, tasaciones digitales y contratos electrónicos.

La propuesta ya provocó diferencias dentro del sector. Jorge Amoreo Casotti, CEO de PINT, consideró que el corretaje es esencialmente una actividad comercial y cuestionó el actual sistema de regulación profesional.

Una posición similar manifestó Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), quien sostuvo que la colegiación debería ser voluntaria y consideró que una apertura del mercado favorecería la competencia.

Desde el Colegio Inmobiliario porteño plantearon una mirada diferente. Miguel Chej Muse, socio de Vela & Chej Muse Real Estate, advirtió que eliminar los actuales requisitos significaría avanzar hacia una "desprofesionalización" del sector.

También defendió la matriculación como una garantía para quienes realizan operaciones que involucran importantes sumas de dinero, al permitir identificar a profesionales sometidos a controles y normas éticas.

El debate llegará ahora al plano legislativo. Si el Congreso finalmente aprueba la iniciativa, el funcionamiento del negocio inmobiliario podría cambiar de manera significativa, desde quiénes están habilitados para intermediar hasta cuánto pueden cobrar y en qué lugares del país pueden operar.