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El borrador de un proyecto de ley de 144 páginas propone modificar o derogar normas que regulan el mercado inmobiliario, el gas envasado, las farmacias, el sector vitivinícola, el comercio de cabotaje y la actividad agropecuaria
Mientras gran parte de la atención estaba puesta en la final del Mundial 2026, comenzó a circular un borrador de un proyecto de ley elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone una profunda modificación de normas que regulan diferentes actividades económicas.
El documento, de 144 páginas y que todavía no fue enviado al Congreso, cuenta con el respaldo de la Casa Rosada y plantea cambios en áreas como el mercado inmobiliario, las farmacias, el gas licuado de petróleo (GLP), la producción agropecuaria, la industria editorial y el transporte marítimo.
La iniciativa continúa con la política de desregulación que impulsa el Gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión y busca reducir la intervención del Estado mediante la derogación o modificación de diversas leyes vigentes.
Uno de los puntos del proyecto modifica las condiciones para ejercer como corredor inmobiliario. La propuesta elimina la exigencia de contar con un título universitario de martillero y corredor público, por lo que, de aprobarse, solo será necesario ser mayor de edad y tener estudios secundarios completos.
Además, las comisiones dejarán de estar sujetas a valores mínimos, máximos o de referencia y podrán ser acordadas libremente entre las partes. El proyecto también contempla la creación de plataformas digitales para validar las operaciones inmobiliarias.
Otra de las modificaciones alcanza al mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP). La iniciativa propone derogar la ley que desde 2005 regula la actividad y que permite al Estado intervenir mediante precios de referencia, subsidios como la garrafa social y mecanismos para garantizar el abastecimiento.
Con este cambio, el funcionamiento del mercado quedaría determinado por la oferta y la demanda, sin regulación estatal sobre los precios.
El borrador también introduce cambios en el sector farmacéutico. Entre ellos, elimina la exclusividad de las farmacias para comercializar medicamentos de venta libre, habilitando su venta en supermercados, kioscos y otros comercios.
Asimismo, autoriza la venta online de medicamentos, el servicio de entrega a domicilio y el uso de plataformas digitales para gestionar pagos y logística.
En materia agropecuaria, el proyecto elimina la obligación que tienen los laboratorios extranjeros de producir en el país determinados productos veterinarios para conservar su autorización de venta.
También propone terminar con los aportes obligatorios que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que pasaría a sostenerse mediante contribuciones voluntarias y recursos propios.
Por otra parte, los contratos de alquiler de campos y de producción agropecuaria asociativa quedarían regulados únicamente por el Código Civil y Comercial.
La iniciativa también elimina la Ley de Precio Único del Libro, permitiendo que cada comercio establezca libremente descuentos y promociones.
En el ámbito audiovisual, se deroga la obligación de realizar en Argentina el doblaje de películas y series destinadas a televisión, habilitando que ese trabajo pueda efectuarse en otros países.
Por último, el proyecto modifica el régimen de cabotaje nacional para permitir que embarcaciones extranjeras transporten carga y pasajeros entre puertos argentinos, además de flexibilizar distintos requisitos administrativos y laborales para el transporte marítimo.
Si finalmente obtiene aprobación legislativa, la propuesta representará una de las reformas regulatorias más amplias impulsadas por el Gobierno desde la sanción de la Ley Bases y podría generar un fuerte impacto en distintos sectores económicos del país.
