El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, atraviesa horas decisivas en cuanto a su futuro en el Gobierno, pero también en su panorama judicial. En la causa donde el fiscal federal Gerardo Pollicita lo investiga por enriquecimiento ilícito, un equipo de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) está elaborando un informe contable que revelará si hay inconsistencias en el patrimonio del funcionario; si "le cierra el blanco", como se volvió habitual escuchar en la discusión pública sobre el escándalo.

Ese informe es clave para el caso. Si las conclusiones que arroje el estudio son desfavorables para Adorni, el fiscal estará en condiciones de pedirle al juez Ariel Lijo que firme un requerimiento de justificación patrimonial. Esa será la primera oportunidad que tendrá el ministro coordinador para demostrar, por escrito, el origen legal de su fortuna.

Si sus explicaciones no disipan las sospechas, entonces la Justicia daría un paso más y lo citaría a indagatoria. El jefe de Gabinete tendría que presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py para defenderse así de una acusación formal por corrupción.

En los últimos dos meses, la investigación del fiscal Pollicita detectó compras y renovaciones de propiedades, gastos millonarios en viajes y adquisiciones lujosas como la ropa blanca por ocho millones de pesos, una cascada para la pileta y una parrilla de 14.000 dólares, entre otras tantas.

Cada hallazgo sirvió para construir una hipótesis: desde que llegó a la función pública en diciembre de 2023, Manuel Adorni empezó a vivir muy por encima del estándar al que estaba acostumbrado antes de ser designado como vocero presidencial de Javier Milei, a pesar de que su sueldo fue de poco más de tres millones de pesos por mes hasta enero de este año.

"Se le dio todo junto", ensayó en defensa del jefe de Gabinete la escribana Adriana Nechevenko cuando fue consultada por Infobae En Vivo, tras declarar como testigo en Comodoro Py.

Sin decirlo con estas palabras, Manuel Adorni explicó en su última entrevista que, efectivamente, empezó a gastar "todo junto" el medio millón de dólares que tenía ahorrado y jamás declaró hasta hace dos semanas, cuando actualizó sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

Su defensa pública -que deberá revalidar en Tribunales- apuntó a que, entre 2013 y 2014, invirtió 200.000 dólares de ahorros en Bitcoin. Las criptomonedas le dejaron más de 500.000 dólares que mantuvo en negro y prácticamente no tocó hasta llegar al poder.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti en las cataratas del Iguazú

En ese escenario es que la DAFI, un organismo de la Procuración General, empezó a hacer cuentas y estudiar los números y datos que se reunieron durante la pesquisa. El informe que entregarán los contadores al fiscal mostrará la evolución patrimonial y financiera de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, entre diciembre de 2023 y el presente.

Ese análisis revisará cada peso del patrimonio del jefe de Gabinete. Con el trazo grueso que ya hicieron en la fiscalía, los investigadores mantienen una convicción: "Hay números que no cierran".

Es por eso que confían con seguridad, antes de recibir el estudio de la DAFI, que el requerimiento de justificación patrimonial es un hecho. Solo falta saber la magnitud del presunto enriquecimiento que le imputan a Adorni.

Con ese fin, el fiscal Pollicita le encargó a la Dirección que tenga en cuenta "de manera integral" todas las pruebas incorporadas a la causa, "efectuando los cruces necesarios entre las fuentes de ingresos acreditadas, la evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos, pasivos y gastos".

Si detecta inconsistencias, la DAFI deberá distinguir "las partidas que cuenten con respaldo suficiente de aquellas que aparezcan parcialmente respaldadas, no puedan ser conciliadas o requieran una explicación adicional".

"El análisis deberá presentarse tanto de manera individual respecto de cada una de las personas examinadas como en forma consolidada respecto del grupo familiar", dispuso además el fiscal.

El trabajo de la DAFI se dividirá en siete ejes, según pudo corroborar este medio.

• Panorama financiero. El organismo establecerá la composición y evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas existentes al inicio y al cierre de cada año investigado y respecto de cada una de las personas involucradas.

• Ingresos y ahorros. El fiscal pidió identificar fuentes de fondos que cuenten con causa y respaldo, diferenciándolos de las transferencias entre cuentas propias o de integrantes del grupo familiar, movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros. Las acreditaciones cuya causa no surja de la documentación deberán exponerse por separado con una breve explicación acerca de qué trata la misma.

• Entradas y salidas de dinero. La DAFI reconstruirá todos estos movimientos e integrará en una misma secuencia las adquisiciones de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos efectuados en efectivo o moneda extranjera y las cancelaciones de deudas. Dentro de esa reconstrucción deberá conciliarse, por año, la evolución de las disponibilidades en efectivo y moneda extranjera, confrontando las tenencias iniciales y finales con los ingresos, adquisiciones, retiros, depósitos, conversiones y erogaciones verificadas.

• Declaraciones juradas. El informe contrastará las DDJJ y rectificaciones presentadas. Señalará los cambios introducidos en la composición y valuación de los activos y pasivos, el origen atribuido a cada variación y su impacto cuantitativo sobre la evolución patrimonial, además de contrastar esto con la prueba reunida. Por separado, deberá indicarse los bienes incorporados mediante rectificaciones cuya existencia, origen o efectiva disponibilidad no resulten objetivamente corroborados.

• Criptomonedas. La DAFI integrará la operatoria informada por las plataformas y billeteras virtuales, distinguiendo los depósitos, retiros, compras, ventas, permutas o swaps y transferencias internas o externas. Además, reconstruirán los saldos y circuitos entre cuentas, y contrastarán sus resultados con las declaraciones juradas patrimoniales, los antecedentes bancarios y fiscales, los datos de identificación y perfil económico informados por las plataformas y los restantes informes disponibles.

• Gastos y deudas. El informe buscará determinar el costo, la fecha, la forma de pago y la fuente de financiamiento de los bienes incorporados, las erogaciones y las obligaciones invocadas, confrontando la documentación aportada y las declaraciones testimoniales con los registros bancarios, patrimoniales, fiscales, bursátiles de Adorni. Respecto de los préstamos, mutuos u otras fuentes de financiación, deberá examinarse la capacidad económica. A su vez, deberán señalarse las diferencias cuantitativas o cronológicas que pudieran surgir entre los instrumentos, declaraciones juradas, escrituras, registros, documentación respaldatoria y testimonios incorporados a la causa.

• La cuenta final. Por último, la DAFI tiene que elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada, tanto individual de Adorni y Angeletti como consolidada respecto del grupo familiar, que confronte los ingresos lícitos y disponibilidades iniciales acreditados con las incorporaciones de bienes, gastos, consumos y cancelaciones de pasivos. Deberán individualizarse y cuantificarse las partidas u operaciones que no guarden correspondencia con los ingresos y disponibilidades acreditados, que presenten respaldo incompleto, que hayan variado de explicación entre distintas declaraciones o constancias, o que no puedan ser conciliadas.

Esta semana llegarían a Comodoro Py informes de las billeteras virtuales Lemon y Binance, el country Indio Cuá, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Universidad Abierta Interamericana (UAI), con respuestas a los últimos oficios que pidió el fiscal y ordenó el juez Lijo.

Todos estos papeles terminarán de cerrar el círculo sobre la investigación del patrimonio del jefe de Gabinete. Sin mucho más que revisar, la Justicia se apresta a pedir explicaciones formales.

Infobae