El juez federal de Campana, Adrián González Charbay, envió a la Justicia porteña el expediente de la causa por la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La jueza en lo Penal Económico N°10, Verónica Straccia, ya recibió la documentación en formato digital, según confirmaron desde el propio juzgado.

Sin embargo, una parte de las actuaciones todavía no está digitalizada y deberá ser trasladada físicamente en un camión de las fuerzas federales.

La remisión del expediente se produjo después de que la Cámara en lo Penal Económico ratificara que la investigación debía quedar radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10 y reclamara el envío de la causa desde Campana.

El caso investiga a Luciano Nicolás Pantano y a su madre, Ana Conte, quienes figuran como dueños de Real Central S.R.L., la empresa que aparece como propietaria de un predio de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en Villa Rosa, partido de Pilar.

En distintos allanamientos realizados en la propiedad fueron encontrados 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto. Una tasación valuó el predio en 20 millones de dólares.

Según los investigadores, ni Pantano ni Conte tienen un perfil patrimonial acorde con la adquisición del inmueble. La hipótesis de la pesquisa sostiene que ambos habrían actuado como testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

La propiedad fue adquirida en mayo de 2024 por Real Central S.R.L., sociedad que originalmente se llamaba Central Parks Drinks S.R.L. y que, de acuerdo con la investigación, tenía escasa actividad y un capital social de 300.000 pesos. El 16 de mayo de ese año la firma cambió su denominación a Real Central S.R.L. y elevó su capital a 58 millones de pesos. Catorce días después concretó la compra del predio.

Entre los primeros indicios reunidos en el expediente figura una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano con la que, según la investigación, se abonaban gastos de la flota de autos hallada en la propiedad.

La causa atravesó durante siete meses una disputa de competencia entre distintos tribunales. El expediente se inició en el juzgado federal de Daniel Rafecas, donde se dispusieron las primeras medidas de prueba y se ordenaron los allanamientos en la quinta. Luego pasó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, que entonces estaba a cargo de Marcelo Aguinsky.

Posteriormente, a raíz de un planteo de inhibitoria presentado por Pantano ante el Juzgado Federal de Campana durante la feria de enero, el camarista de San Martín Alberto Lugones derivó el expediente al juzgado de González Charbay. Esa decisión fue anulada el 15 de mayo por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

Finalmente, el 12 de junio, la Cámara en lo Penal Económico resolvió que la causa debía quedar en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, actualmente a cargo de Straccia.

La defensa de Pantano y Conte intentó recurrir esa decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, pero la Cámara en lo Penal Económico rechazó el planteo. Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio entendieron que la resolución sobre la competencia no constituía una sentencia definitiva ni impedía la continuación del proceso.