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El juez federal Ariel Lijo, a cargo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, integra junto al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques la delegación argentina ante el GAFI, en un contexto marcado por la discusión de cargos clave en la Justicia.
La delegación argentina que llegó a París para participar del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no es una comitiva más. La presencia del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del juez federal Ariel Lijo en la sede de la OCDE generó ruido político por el momento en que se produce el viaje.
Lijo es, precisamente, el magistrado que tiene a su cargo la investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y supuestos vínculos irregulares con proveedores del Estado. El caso se convirtió en uno de los expedientes más sensibles para el Gobierno en las últimas semanas.
La coincidencia ocurre mientras Argentina espera el análisis de los evaluadores internacionales del GAFI, que revisan el cumplimiento de los estándares exigidos en materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y efectividad del sistema judicial.
Según explicaron desde la delegación, Lijo no fue invitado por el Gobierno argentino sino por la propia organización internacional, en su condición de juez federal. Junto a él y a Mahiques también viajó Juan Tomás Rodríguez Ponte, actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).
Rodríguez Ponte también aparece mencionado en conversaciones vinculadas a eventuales vacantes en la Justicia Federal, lo que suma otro elemento de tensión política al viaje.
La reunión del GAFI se desarrolla en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y reúne a representantes de más de 200 jurisdicciones. Allí, Argentina deberá exponer los avances realizados para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras operaciones financieras ilegales.
El encuentro adquiere especial relevancia porque el país fue sometido a una evaluación integral a fines de 2024 y ahora debe demostrar qué grado de cumplimiento alcanzó respecto de las recomendaciones formuladas por el organismo internacional.
Entre las observaciones realizadas por el GAFI aparece la necesidad de fortalecer las investigaciones vinculadas al lavado de activos, especialmente aquellas relacionadas con hechos de corrupción, movimientos financieros informales y operaciones sospechosas en el mercado inmobiliario.
También se señaló la baja cantidad de condenas obtenidas en comparación con los riesgos detectados. Ese punto es uno de los aspectos más sensibles para Argentina, ya que el organismo no solo evalúa el marco normativo, sino también la efectividad concreta del sistema penal y judicial.
Respecto del financiamiento del terrorismo, el organismo reconoció que el país cuenta con un marco legal adecuado, aunque advirtió limitaciones en las investigaciones, escasez de fiscales especializados y una cantidad reducida de condenas.
En ese contexto, la delegación argentina tiene el desafío de explicar los avances realizados y despejar dudas sobre la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar delitos económicos complejos.
El Grupo de Acción Financiera Internacional es un organismo intergubernamental creado en 1989 por los países del G7 para coordinar políticas contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
Un año después de su creación, publicó sus 40 recomendaciones, consideradas actualmente la principal guía internacional para prevenir y combatir los delitos económicos y financieros.
La reunión de esta semana corresponde al último plenario bajo la presidencia de la mexicana Elisa de Anda Madrazo. Durante varios días, delegados de todo el mundo debatirán nuevas amenazas para la integridad financiera global, intercambiarán información y revisarán el grado de cumplimiento de los estándares internacionales.
El viaje de Lijo se produce mientras avanza la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni, luego de las explicaciones públicas del jefe de Gabinete y de las presentaciones realizadas ante organismos de control.
La situación ya generó pedidos de explicaciones en el Congreso, reclamos de sectores opositores y malestar incluso entre aliados del oficialismo. En ese marco, el rol de Lijo quedó bajo una atención política especial.
La tensión se amplifica porque el Gobierno también impulsa cambios vinculados al proceso de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia. El presidente Javier Milei firmó un decreto que modifica el procedimiento establecido por el Decreto 222/03, conocido como de "autolimitación presidencial".
Entre los principales cambios, la nueva norma reduce plazos, elimina instancias administrativas previas al envío de los pliegos al Senado y deja sin efecto el mecanismo que permitía a organizaciones civiles, colegios profesionales y ciudadanos presentar observaciones o impugnaciones ante el Ministerio de Justicia.
Según el Gobierno, esa instancia duplicaba procedimientos porque el Senado ya realiza su propia evaluación durante el tratamiento de los pliegos.
Además, se reducen los requisitos de publicidad de las postulaciones. Ya no será obligatorio publicar durante tres días consecutivos los antecedentes de los candidatos en diarios de circulación nacional, debido a que esa información quedará centralizada en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia.
Otro punto relevante es la eliminación de recomendaciones incorporadas en 2003 que sugerían contemplar diversidad de género, especialización técnica y representación regional al momento de proponer candidatos.
El cambio normativo ocurre en un contexto de fuerte movimiento en el Congreso, donde el oficialismo logró avanzar con más de 70 pliegos judiciales. La Corte Suprema, actualmente integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, mantiene dos vacantes que siguen siendo objeto de intensas negociaciones políticas.
Así, el viaje de Lijo y Mahiques a París queda atravesado por una doble lectura: por un lado, la necesidad institucional de defender la posición argentina ante el GAFI; por el otro, el impacto político de que el juez que investiga a Adorni comparta misión internacional con el ministro de Justicia en plena discusión por cargos clave del Poder Judicial.
