Este 10 de junio se cumplió un año desde que la Corte Suprema dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La decisión judicial confirmó la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por hechos de corrupción vinculados a la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

A doce meses de aquel fallo histórico, la ex presidenta continúa cumpliendo prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, mientras el kirchnerismo mantiene actos y movilizaciones en su respaldo. Sin embargo, la condena no solo marcó el final de su carrera electoral, sino que también profundizó las divisiones internas dentro del peronismo, donde cada vez son más los dirigentes que buscan construir una alternativa política sin la centralidad que Cristina tuvo durante las últimas dos décadas.

Aunque el núcleo duro kirchnerista insiste con la consigna de "Cristina Libre" y denuncia una supuesta persecución judicial, la realidad política muestra que el respaldo a la ex mandataria está lejos de representar a todo el peronismo. La relación con figuras clave como Axel Kicillof atraviesa uno de sus momentos más tensos, reflejando una disputa por el liderazgo de un espacio que intenta redefinir su futuro.

Pero mientras el debate político continúa, hay un aspecto de la condena que sigue sin resolverse: el recupero del dinero que la Justicia ordenó decomisar.

 Un año de recursos judiciales y ningún decomiso efectivo

A pesar de que la condena quedó firme hace un año, el Estado todavía no logró recuperar ni un solo peso de los aproximadamente 685.000 millones de pesos que la Justicia determinó como monto a decomisar en el marco de la causa Vialidad.

La demora se explica por la extensa batería de recursos judiciales presentados por la defensa de Cristina Kirchner, que fueron rechazados sucesivamente por el Tribunal Oral Federal 2 y por la Cámara Federal de Casación Penal.

Ahora la discusión volvió a la Corte Suprema, que deberá resolver el último intento de la ex presidenta para frenar la ejecución de los bienes identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

En total, la Justicia tiene bajo análisis 111 bienes que podrían ser tasados y posteriormente rematados para intentar cubrir, al menos parcialmente, el monto establecido en la sentencia.

Entre esos activos figuran propiedades de Cristina Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, quienes también quedaron alcanzados por el proceso de ejecución patrimonial.

El patrimonio bajo la lupa judicial

La situación cobra especial relevancia porque gran parte de los bienes de otros condenados en la causa ya fueron liquidados o quedaron comprometidos en otros procesos judiciales.

Por esa razón, los bienes vinculados a la familia Kirchner aparecen como una de las principales fuentes para intentar recuperar parte del dinero reclamado por el Estado.

La Cámara Federal de Casación ya dejó firme la ejecución patrimonial al rechazar los planteos de las defensas. Los jueces consideraron que no existían argumentos constitucionales suficientes para frenar el decomiso y recordaron que los beneficios económicos obtenidos a partir de delitos de corrupción no pueden consolidarse como patrimonio legítimo.

Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal 2 inició las gestiones para avanzar con la ejecución de los inmuebles y consultó incluso a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura si alguno de esos bienes podría ser utilizado por el Poder Judicial antes de ser subastado.

 Restricciones y reclamos desde la prisión domiciliaria

Durante el último año, Cristina Kirchner intentó flexibilizar las condiciones de su arresto domiciliario. Entre otros pedidos, solicitó la eliminación de la tobillera electrónica, una ampliación del régimen de visitas y mayores permisos para utilizar espacios comunes del edificio donde reside.

Sin embargo, los planteos fueron rechazados por la Justicia. El fiscal Diego Luciani se opuso a las modificaciones y el juez Rodrigo Giménez Uriburu ratificó las condiciones vigentes de detención.

Actualmente, la ex presidenta mantiene un régimen limitado de visitas, mientras que familiares directos, abogados, médicos y custodios cuentan con autorización permanente para ingresar al domicilio.

Un liderazgo cada vez más cuestionado

A un año de la condena firme, Cristina Kirchner sigue conservando capacidad de movilización entre sus seguidores más fieles, pero enfrenta una realidad política muy diferente a la que tenía antes del fallo de la Corte.

La imposibilidad de competir electoralmente, las tensiones crecientes dentro del peronismo y el avance del proceso para ejecutar sus bienes configuran un escenario complejo para quien durante años fue la figura dominante de la política argentina.

Mientras el kirchnerismo insiste en presentar la condena como un caso de proscripción, la Justicia avanza en una etapa clave: intentar recuperar parte de los fondos establecidos en una sentencia que ya quedó firme y que se convirtió en uno de los mayores fallos por corrupción de la historia del país.