El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, se acogieron al régimen de regularización tributaria conocido como "inocencia fiscal" ante la ARCA. Esta acción se suma a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta Adorni, quien presentará su declaración jurada esta semana, tras meses de controversia por viajes y compras de propiedades.

A pesar de las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la transparencia de Adorni, la documentación específica sobre su patrimonio aún no ha sido presentada, con el entorno del funcionario posponiendo su entrega a la Oficina Anticorrupción. Los datos se harían públicos esta semana.

El fiscal Gerardo Pollicita ha reunido pruebas de transacciones "en negro" realizadas por Adorni y solicitará una justificación patrimonial. Se pedirán explicaciones sobre movimientos bancarios y otras maniobras para adquirir viviendas, financiar viajes y realizar reformas, ya que existen inconsistencias significativas entre sus gastos e ingresos durante los últimos dos años en cargos públicos con sueldos congelados.

La ley de "Inocencia Fiscal" busca reemplazar un sistema tributario basado en la sospecha por uno más simplificado, donde ARCA dejará de analizar la evolución patrimonial y los consumos personales de los contribuyentes adheridos. El objetivo es incentivar la formalización de ahorros no declarados, reduciendo el temor a cuestionamientos sobre el origen de los fondos.

La reforma también modifica el régimen penal tributario, elevando los montos mínimos para considerar la evasión como delito, lo que significa que muchas infracciones se resolverán administrativamente. Se incorporan mecanismos para extinguir o evitar acciones penales mediante la regularización de deudas, priorizando el cobro de impuestos. La ley también reduce los plazos de prescripción para quienes mantengan una conducta fiscal correcta.

Para el oficialismo, esta ley promueve la formalización económica y reduce la burocracia tributaria. Sin embargo, los opositores advierten que la flexibilización de los controles patrimoniales y el aumento de los umbrales penales podrían dificultar la detección de evasión y lavado de activos.