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El Gobierno avanza con una nueva iniciativa que busca dar mayor seguridad jurídica a contribuyentes para que los ahorros ingresen al circuito formal.
El Gobierno nacional busca avanzar con una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, un proyecto que tiene como objetivo principal incentivar que los ahorros que hoy permanecen fuera del sistema financiero ingresen a la economía formal.
La iniciativa, que todavía debe ser debatida en el Congreso, incorpora una serie de modificaciones pensadas para dar mayor seguridad a los contribuyentes y reducir el temor a posibles controles fiscales futuros.
En términos simples, el proyecto pretende que las personas que tienen dinero ahorrado fuera de bancos o cuentas declaradas puedan utilizarlo para invertir, comprar bienes o realizar operaciones sin que eso genere automáticamente problemas con el fisco.
Para lograrlo, se proponen cambios en las reglas de fiscalización y en el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.
Uno de los cambios más importantes es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que figuraban en la versión original del proyecto.
Antes, solo podían ingresar quienes tuvieran ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. Con la nueva propuesta, esas restricciones desaparecen, por lo que cualquier contribuyente podrá acceder al régimen.
La iniciativa abre la puerta para que los grandes contribuyentes nacionales ingresen al sistema simplificado.
Sin embargo, no accederán a todos los beneficios. Podrán simplificar sus declaraciones impositivas, pero no contarán con algunas protecciones fiscales previstas para el resto de los adherentes.
El proyecto establece que quienes tengan fondos fuera del sistema podrán utilizarlos hasta el 31 de diciembre de 2027 dentro del marco de esta normativa.
Ese dinero podrá destinarse a inversiones, compras o adquisiciones de bienes registrados sin que ello implique admitir irregularidades fiscales del pasado.
Otro de los puntos incluidos en la propuesta busca evitar futuros conflictos con el impuesto sobre los Bienes Personales.
La iniciativa establece que esos fondos pasarán a formar parte del patrimonio declarado desde el momento en que sean utilizados o ingresen al sistema formal, evitando interpretaciones retroactivas sobre años anteriores.
Uno de los aspectos más relevantes está relacionado con las operaciones inmobiliarias.
La propuesta contempla que, hasta fines de 2027, los pagos en efectivo realizados en escrituras públicas puedan encuadrarse dentro del régimen.
En otras palabras, quienes utilicen ahorros guardados fuera del sistema para comprar una propiedad podrían hacerlo bajo las condiciones previstas por la ley.
El objetivo es impulsar inversiones en el mercado inmobiliario y movilizar parte de los dólares que hoy permanecen sin circular en la economía.
Otro cambio importante apunta a reducir el temor de quienes decidan depositar dinero en bancos o incorporarlo al circuito formal.
La iniciativa limita algunas herramientas que históricamente utilizó el fisco para cuestionar movimientos de dinero. Entre ellas, se elimina la posibilidad de presumir incrementos patrimoniales injustificados o realizar ajustes automáticos por depósitos bancarios superiores a los ingresos declarados en determinados casos.
La apuesta oficial es que una parte de los miles de millones de dólares que los argentinos conservan fuera del sistema financiero pueda destinarse al consumo, la inversión y la compra de bienes.
Según el Gobierno, brindar mayor seguridad jurídica y reducir la incertidumbre tributaria podría incentivar a muchos ahorristas a utilizar esos fondos, generando un impacto positivo en distintos sectores de la economía.
