Una vez que se complete el arribo de toda la documentación solicitada, la Justicia ordenará una pericia contable sobre el patrimonio de Manuel Adorni y su entorno familiar en la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida, explicaron fuentes vinculadas al expediente, buscará determinar "cuánta plata entró y salió" y si el incremento patrimonial de Adorni y su esposa se corresponden con sus ingresos.

El estudio abarcará los movimientos económicos del ex vocero presidencial y de su esposa, Bettina Angeletti, y tendrá como objetivo central establecer si existe o no una evolución patrimonial que pueda ser considerada injustificada. Se trata de un paso clave dentro de la investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, con intervención del juez Ariel Lijo.

De acuerdo con el esquema previsto, si el resultado de la pericia detecta un incremento patrimonial que no pueda ser explicado con los ingresos declarados, la fiscalía avanzará con un requerimiento formal.

En ese caso, Pollicita le pedirá a Adorni que justifique el origen de esos fondos. "Si lo puede justificar, lo sobresee; si no, lo llama a indagatoria", agregaron las fuentes.

La medida se inscribe en una causa que en los últimos días sumó nuevos elementos. Entre ellos, la incorporación de gastos en dólares vinculados a operaciones inmobiliarias y consumos personales que elevan el monto total bajo análisis a US$ 122.354.

Dentro de ese universo, la Justicia puso el foco en los honorarios de la escribana Adriana Nechevenko, que alcanzan los US$ 10.807. Según consta en el expediente, esos pagos corresponden a dos operaciones: la escritura del departamento de Caballito, fechada el 24 de noviembre de 2025, por US$ 6089, y otra vinculada a una propiedad en el country Indio Cuá, del 15 de noviembre de 2024, por US$ 4718. En ambos casos, las facturas fueron emitidas a nombre de Angeletti.

Estos montos se suman a una serie de movimientos que la fiscalía busca contrastar con los ingresos del funcionario. Entre ellos figuran US$ 30.000 destinados a la compra del departamento de Caballito, US$ 20.000 para la adquisición de la vivienda en Indio Cuá y otros US$ 30.000 aplicados a la cancelación parcial de una hipoteca sobre un inmueble en la calle Asamblea.

A esos gastos se agregan consumos asociados a viajes y vida personal. La investigación incluye US$ 7600 en un vuelo a Punta del Este, U$S 5800 en pasajes a Aruba, U$S 5154 por el regreso desde Nueva York de su esposa y U$S 5000 correspondientes a la tasa de ingreso al country. También se registran pagos mensuales de entre U$S 600 y U$S 950 por la hipoteca de Asamblea y un gasto de U$S 8800 en alojamiento en Aruba.

En relación con ese viaje, la Justicia ya había confirmado que Adorni abonó U$S 8874 en estadías hoteleras durante sus vacaciones entre fines de diciembre de 2024 y comienzos de enero de 2025, a lo que se sumaron los pasajes aéreos por U$S 5800. Según la documentación incorporada, los pagos fueron realizados en dólares y en efectivo.

Las medidas fueron posibles a partir del levantamiento del secreto fiscal y bancario dispuesto por el juez Lijo, que permitió acceder a información sobre ingresos, egresos y consumos, incluidos los vinculados a viajes al exterior.

La causa también analiza operaciones inmobiliarias de mayor valor. Entre ellas, la compra del departamento de la calle Miró (Caballito) por US$ 230.000, financiado en gran parte mediante una hipoteca de US$ 200.000 otorgada por las vendedoras, lo que implicó un desembolso inicial de US$ 30.000. En ese contexto, un testigo mencionó la existencia de una deuda adicional de US$ 65.000 por refacciones.

Además, figura la adquisición de la vivienda en el country Indio Cuá por US$ 120.000, financiada parcialmente con una hipoteca previa sobre el inmueble de la calle Asamblea, cuya cancelación parcial por U$S 30.000 también quedó registrada en noviembre de 2025.

Durante el período bajo análisis, Adorni se desempeñaba como vocero del presidente Javier Milei y percibía un salario que rondaba los 3 millones de pesos mensuales, según consta en la causa. Ese ingreso, que se encontraba congelado, es uno de los parámetros que la Justicia tomará como referencia al momento de contrastar los movimientos económicos detectados.

Fuente: TN.com