Tras su aprobación en el Senado, el oficialismo impulsa en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley de Glaciares, crucial para los planes gubernamentales de atraer inversiones en megaminería e hidrocarburos, aunque genera preocupación en organizaciones ambientalistas. El debate comenzará este miércoles en un plenario de comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales.

El Gobierno busca sancionar la reforma antes de fin de mes para que Javier Milei pueda presentar la media sanción en el "Argentina Week 2026" en Nueva York (9-12 de marzo) como incentivo para inversores. No se descarta la firma del dictamen y aprobación en la Cámara baja la semana próxima, en paralelo al evento en EE.UU.

El Senado aprobó la reforma el 26 de febrero con 40 votos a favor y 31 en contra. Este proyecto responde a un compromiso del Gobierno con gobernadores de provincias cordilleranas, quienes buscan una legislación más flexible para impulsar inversiones en minería e hidrocarburos.

La reforma a la Ley 26.639 busca redefinir las zonas protegidas, permitiendo la exploración y explotación económica en áreas periglaciares actualmente restringidas. Se elimina la prohibición automática de actividades extractivas, autorizándolas si cuentan con aprobación de evaluación de impacto ambiental. Además, se transfieren facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger, reduciendo la injerencia nacional.

La oposición y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa, argumentando que se anularía la prohibición de actividades que afecten áreas estratégicas de recursos hídricos vitales.

La reforma distingue entre "formas periglaciares" que funcionan como reservas hídricas y aquellas que no, permitiendo la explotación económica de estas últimas. La ley actual (2010) protege tanto glaciares visibles como formaciones periglaciares (suelos congelados con agua dulce, roca y sedimentos). La modificación mantiene la prohibición en glaciares, pero abre la puerta a proyectos en áreas periglaciares sin función hídrica comprobable.

El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), coordinado por la Secretaría de Energía.

Se prohíben actividades que alteren la condición natural o el valor hídrico de los glaciares, como la liberación de contaminantes, residuos o químicos; obras de infraestructura; exploración minera e hidrocarburífera; y actividades industriales. Se permiten la investigación científica, tareas de rescate y deportes no motorizados.