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La Cámara Baja convocó a sesión a las 14 para tratar el proyecto que ya tiene media sanción del Senado.
La Cámara de Diputados tratará este jueves, desde las 14, el proyecto de reforma laboral que ya recibió media sanción en el Senado y que el oficialismo intenta convertir en ley. La sesión fue convocada por el presidente del cuerpo, Martín Menem, en un contexto de negociaciones contrarreloj para asegurar los votos necesarios.
La iniciativa plantea cambios profundos en el régimen de indemnizaciones, licencias, organización de la jornada, convenios colectivos y funcionamiento sindical, además de sumar incentivos para promover el empleo registrado. Si bien conserva la estructura central impulsada por el Gobierno, el texto sufrió ajustes respecto de la versión aprobada en la Cámara Alta.
Uno de los movimientos más relevantes fue la eliminación del artículo 44, que preveía reducciones salariales durante licencias por enfermedad. Ese punto había despertado críticas tanto de la oposición como de sectores aliados, por lo que el Ejecutivo decidió retirarlo antes del debate en el recinto para evitar mayores tensiones políticas y sindicales.
En materia indemnizatoria, el proyecto mantiene la compensación por despido sin causa, pero redefine la base de cálculo: se tomará exclusivamente la mejor remuneración mensual, normal y habitual, dejando afuera conceptos como el aguinaldo, premios y sumas extraordinarias.
También establece una nueva fórmula de actualización de créditos laborales, que combinará el IPC más un 3% anual, con el objetivo de reducir la litigiosidad y otorgar mayor previsibilidad.
Como complemento, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con aportes obligatorios de los empleadores: 1% de las contribuciones patronales en grandes empresas y 2,5% en micro, pequeñas y medianas. El fondo será inembargable y estará bajo control de la Comisión Nacional de Valores. Según el proyecto, funcionará como respaldo para el pago de indemnizaciones y reemplazará ingresos que hasta ahora percibía la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Además, se habilita el pago en cuotas de sentencias judiciales: hasta seis meses para grandes compañías y hasta doce para pymes.
Tras la eliminación del polémico artículo sobre recortes salariales por enfermedad, el capítulo de licencias mantiene el esquema vigente en cuanto a remuneración. Sin embargo, refuerza los mecanismos de fiscalización: exige certificados médicos más detallados, permite al empleador solicitar revisiones y prevé la intervención de juntas médicas en caso de controversia, con costos a cargo de la empresa.
Otro eje de discusión es la posibilidad de abonar sueldos mediante billeteras virtuales. Durante el tratamiento en el Senado, esa opción fue retirada, luego de objeciones planteadas por entidades bancarias. Sin embargo, sectores aliados, entre ellos el PRO conducido en Diputados por Cristian Ritondo, anticiparon que insistirán con su reincorporación para permitir la acreditación en Proveedores de Servicios de Pago regulados por el Banco Central.
También el bloque Provincias Unidas, liderado por la santafesina Gisela Scaglia, trabaja en propuestas alternativas vinculadas al esquema indemnizatorio.
El proyecto no altera la duración legal de la jornada, pero introduce un banco de horas de carácter voluntario. Mediante acuerdo entre las partes, las horas extras podrán compensarse con francos, siempre respetando los descansos mínimos establecidos por ley.
Asimismo, se habilitan contratos a tiempo parcial por debajo del límite actual y se flexibiliza la organización interna del trabajo.
En relación con las vacaciones, se mantiene el piso de 14 días, aunque se permite dividir el período en tramos no inferiores a siete días corridos y acordar fechas fuera del calendario tradicional.
La reforma prioriza los convenios por empresa o región por sobre los acuerdos sectoriales nacionales, con el argumento de adaptar las condiciones laborales a cada realidad productiva.
Se sostiene el aporte patronal del 6% a obras sociales sindicales y la cuota sindical obligatoria -con tope del 2% del salario- incluso para trabajadores no afiliados.
En cuanto al derecho a huelga, se delimitan servicios esenciales y actividades consideradas trascendentales. Durante medidas de fuerza, deberá garantizarse un 75% de funcionamiento en servicios esenciales y un 50% en actividades trascendentales. También se regulan las asambleas en lugares de trabajo y se exige un plan previo tras la conciliación obligatoria.
La iniciativa incorpora un programa de regularización que contempla la condonación de hasta el 70% de deudas por aportes impagos para empresas que registren a sus trabajadores y cumplan determinadas condiciones, lo que permitirá además salir del REPSAL.
A su vez, crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce al 8% las contribuciones patronales por cada nuevo empleado durante un año, siempre que exista incremento real en la nómina.
En el plano judicial, los acuerdos homologados ante la autoridad laboral tendrán carácter de sentencia firme y no podrán reabrirse. También se fijan límites a honorarios de abogados y peritos, junto con una reorganización gradual de la Justicia Nacional del Trabajo.
Con el ajuste en el capítulo de licencias ya incorporado, el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para que la reforma obtenga sanción definitiva en Diputados y se convierta en ley.
