El Clan Sena fue condenado a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en la provincia de Chaco.

César Sena recibió la máxima pena por ser el autor del crimen, al tiempo que sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña, fueron declarados culpables por ser partícipes necesarios.

Cecilia tenía 28 años cuando desapareció el 2 de junio de 2023.

La audiencia se realizó de manera virtual, en el marco del expediente que investigó el asesinato ocurrido el 2 de junio de 2023 en Resistencia. Los integrantes del clan no estuvieron presentes: escucharon la pena desde su celda.

La jueza técnica Dolly Fernández fue la encargada de leer las condenas, en una audiencia que fue breve.

El veredicto del jurado popular ya había determinado la culpabilidad de César Sena por homicidio doblemente agravado, una figura penal que contempla el agravante por el vínculo y por mediar violencia de género.

Por su parte, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron declarados partícipes primarios del femicidio. Durante el juicio, la fiscalía y las querellas remarcaron el rol clave que ambos tuvieron en el plan para ocultar el crimen y eliminar pruebas, con el objetivo de garantizar la impunidad.

La pena para los acusados de encubrimiento

El tribunal también definió la situación de los imputados por encubrir el crimen. Gustavo Obregón y Fabiana González fueron encontrados culpables de encubrimiento agravado. La fiscalía pidió penas cercanas al máximo legal, mientras que las querellas reclamaron las sanciones más severas posibles.

En contrapunto, las defensas solicitaron condenas en suspenso o alternativas, argumentando la falta de antecedentes penales y el tiempo de detención ya cumplido.

Los siete detenidos por la desaparición y femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco. 

En tanto, Gustavo Melgarejo, condenado por encubrimiento simple, permanece en libertad, aunque su situación podría cambiar si el tribunal decide imponerle una pena de cumplimiento efectivo.

La responsabilidad de fijar las penas recayó en la jueza Dolly Fernández, quien debió establecer las condenas dentro de los márgenes previstos por el Código Penal, tras el veredicto unánime del jurado popular.