El Gobierno de Javier Milei apunta a imprimirle un ritmo exprés a dos debates clave del cierre del año parlamentario: el Presupuesto 2026 y el proyecto de "Modernización Laboral". Aunque la "ley de leyes" ya ingresó por la Cámara de Diputados, en el oficialismo reconocen que el panorama de votos continúa atado a la negociación con los gobernadores y no descartan un escenario sin presupuesto aprobado, como ya ocurrió en años recientes.

En paralelo, la Casa Rosada concentra su energía política en la reforma del régimen de trabajo registrado, una iniciativa que el Presidente intentó avanzar por distintas vías desde el inicio de su mandato. En el Ejecutivo evitan el término "reforma" -y, sobre todo, "flexibilización"- y sostienen que se trata de una "modernización" del mercado laboral. El alcance, sin embargo, anticipa un debate de alto voltaje: salarios, indemnizaciones, jornadas, vacaciones, horas extras y licencias figuran entre los puntos que podrían quedar alcanzados por la discusión.

A diferencia del Presupuesto, la iniciativa laboral ingresó por el Senado, donde La Libertad Avanza calcula que podría conseguir una media sanción antes de que termine el período de sesiones extraordinarias, previsto para fines de diciembre. La estrategia oficial, según admiten fuentes parlamentarias, es acotar los tiempos de comisión para llegar rápido al recinto, replicando métodos que en otros tiempos también utilizaron gobiernos con mayoría propia cuando quisieron acelerar tratamientos legislativos.

En ese esquema, el oficialismo prepara un dispositivo político para asegurar apoyos en el recinto, con acuerdos puntuales con legisladores del PRO y aliados circunstanciales. En el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel ya convocó para el martes a una reunión de Labor Parlamentaria, con la expectativa de que para entonces estén conformadas las comisiones que deberán intervenir: Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda. Allí se definirá el formato del debate: cuántas reuniones habrá, cuándo se firmarán dictámenes y cuántos invitados podrán exponer.

Ese último punto es una de las claves del conflicto: en el Congreso se acumulan pedidos de exposición de organizaciones sindicales, especialistas y sectores empresarios. En la oposición sostienen que habilitar un listado amplio estiraría el cronograma más allá de lo que pretende la Casa Rosada, especialmente por los feriados de Navidad y Año Nuevo. El objetivo del Gobierno -según el esquema que circula en los despachos- sería tener dictamen como máximo el viernes siguiente y llevar el proyecto al recinto antes del 30 de diciembre.

Mientras tanto, el movimiento sindical avanza en su propia hoja de ruta. La CGT convocó a una movilización para el jueves 18 con destino a Plaza de Mayo y al Congreso, a la que se sumarían las dos CTA, sectores del kirchnerismo y partidos de izquierda. En la central obrera presentan la marcha como una señal de fuerza para condicionar el trámite legislativo y, al mismo tiempo, como un modo de contener a los sectores internos que impulsan una huelga general.

El Gobierno, por su parte, busca evitar un escenario de tensión callejera. En la Casa Rosada dan por hecho que abrirán canales de diálogo con los organizadores para reducir riesgos de incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad. En el trasfondo, el oficialismo asume que una sanción rápida en el Congreso no cerrará el conflicto: el capítulo laboral podría derivar luego en una ola de impugnaciones judiciales, en especial sobre aquellos artículos que los gremios consideran incompatibles con la Constitución.

El diseño técnico y político de la iniciativa se atribuye al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con la instrucción de avanzar sobre reformas que no prosperaron en los primeros meses de gestión y, al mismo tiempo, cuidar la arquitectura legal para no dejar "flancos" que faciliten frenos judiciales. Aun así, la discusión ya abrió tensiones internas en el oficialismo: sectores más proclives al diálogo con la CGT intentaron evitar un choque frontal con el sindicalismo.

En ese marco, en la interna libertaria se impuso una concesión relevante: quedó afuera del proyecto el artículo que eliminaba la denominada "cuota solidaria" que alimenta las cajas gremiales. Pero el ala más dura logró sostener condicionamientos que, de todos modos, podrían volver más complejo el circuito de aportes y financiamiento sindical.

Los cuestionamientos legales, en tanto, comenzaron antes de que el texto tenga forma definitiva. El diputado Esteban Paulón presentó una denuncia ante la Justicia federal al sostener que el proyecto incluye aspectos tributarios que -por su naturaleza- no correspondería iniciar en el Senado. Además, la Asociación de Magistrados difundió un documento crítico sobre los cambios propuestos para la Justicia nacional del trabajo: alertó que ciertas modificaciones podrían afectar la independencia judicial y poner en riesgo el funcionamiento del fuero laboral. "Resulta inadmisible la redacción de los arts. 90 y 91.", sostuvo la entidad en su pronunciamiento.

Con el Presupuesto 2026 empantanado en la aritmética fina de las provincias y la "Modernización Laboral" empujada como prioridad política, la semana que comienza quedará marcada por dos estrategias en espejo: la del Gobierno, decidido a correr el reloj en el Congreso, y la de la CGT, dispuesta a combinar presión callejera y batalla judicial. En un escenario donde todo depende de votos -y, después, de tribunales-, el desenlace sigue abierto.