El Gobierno de Javier Milei ha definido como una de sus principales prioridades para las sesiones extraordinarias —que convocará del 10 al 31 de diciembre— la sanción de la reforma del Código Penal. Para acelerar su tratamiento en el Congreso, el Ejecutivo busca impulsar la creación de una comisión bicameral especial que unifique los tiempos y dictámenes de la Cámara de Diputados y el Senado.

La estrategia de la Casa Rosada apunta a lograr un acuerdo en ambas Cámaras que permita evitar modificaciones en el proyecto que dilaten su votación, unificando el proceso mediante una comisión bicameral que simplificaría la coordinación y los interlocutores. Si bien en la mesa política del oficialismo coinciden con la intención de promoverla, aún hay dudas sobre el mecanismo legal para oficializar la comisión, aunque se evalúa aplicarla a otras reformas futuras. Cabe destacar que tanto la Cámara Baja (Art. 104) como el Senado (Art. 84) contemplan la designación de comisiones especiales para el estudio de materias complejas.

Los encargados de las negociaciones legislativas por el oficialismo son el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Ellos mantienen contactos con gobernadores y representantes de bloques aliados para lograr una mayoría parlamentaria.

La iniciativa, cuyo envío al Congreso fue anunciado esta semana, promueve cambios profundos en el régimen penal, con el objetivo de elevar las penas y asegurar la efectividad del cumplimiento en un 82% con prisión efectiva. El texto introduce figuras sobre los delitos vinculados al narcotráfico menor, la trata de personas y la corrupción, buscando unificar criterios y facilitar la aplicación práctica por parte de jueces y fiscales. En materia de terrorismo y crimen organizado, tipifica con mayor detalle la financiación, logística y colaboración con grupos ilícitos.

La reforma abarca también la implementación del Sistema Acusatorio y la baja de la edad de imputabilidad. Otro eje central es la ampliación del listado de delitos imprescriptibles. La iniciativa alcanza al homicidio simple y agravado, el abuso sexual en todas sus formas, el grooming, la pornografía infantil, la trata, la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo y su financiamiento, entre otros. Además, incluye nuevas restricciones a la liberación anticipada.