El Poder Ejecutivo ha definido posponer hasta marzo de 2026 las negociaciones con la oposición respecto a las vacantes de la Corte Suprema de Justicia y los 150 juzgados federales disponibles. El Gobierno aseguró que, por instrucción directa del presidente Javier Milei, las candidaturas no se incluirán en el temario de sesiones extraordinarias, sino que se tratarán recién en las sesiones ordinarias del próximo año. "La línea que bajó el presidente es que el tema no se mueva hasta después de extraordinarias", expresan en Nación.

En Balcarce 50, remarcan que la principal prioridad legislativa para las sesiones extraordinarias es la aprobación del Presupuesto 2026, junto con las ambiciosas reformas laboral y tributaria. La iniciativa que promueve el uso de los "dólares del colchón" también figura en la lista de asuntos urgentes.

Esta estrategia de postergación coincide con un momento de tensiones internas en la interlocución judicial del oficialismo con el Congreso. Esto ha provocado la dilación de la salida del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien había presentado su renuncia de forma pública. La mesa chica del jefe de Estado no logró acordar un sucesor, manteniendo al ministro en su puesto; uno de los nombres en carpeta es el del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Además, existe debate sobre quién será el negociador autorizado ante el Congreso, mencionándose al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, aunque se advierte que "puede haber cambios".

A pesar de la pausa, el Gobierno insiste en su disposición a negociar una ampliación de la Corte Suprema con el kirchnerismo en la Cámara Alta. Remarcan como interlocutores clave al ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, y al titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos.

Mientras que las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla cayeron en abril de 2025, el Ejecutivo aún no definió los candidatos que impulsará formalmente para las vacantes en 2026. No obstante, una lista de posibles aspirantes al máximo tribunal se encuentra en carpeta. En ella figuran los abogados Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacette, Alberto Bianchi y el exjuez federal Ricardo Rojas.

La mesa política también buscará incluir en las negociaciones el reemplazo del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, y la Defensoría General, ocupada por Stella Maris Martínez, manteniendo la postura de que "tampoco están cerradas propuestas para esos cargos".