Los representantes de Cristina Kirchner solicitan prisión domiciliaria basándose en su edad, su rol como ex Vicepresidenta y el atentado que sufrió en septiembre de 2022. 

Argumentan que Cristina "tiene secretos de Estado" y que, dada su edad (72 años), el Código Procesal Penal contempla este beneficio, aunque su concesión es potestad del juez. 

Sus abogados sostienen que una pena privativa de libertad solo puede cumplirse bajo detención domiciliaria, ya que una cárcel común no garantizaría su seguridad. 

Además, alegan que el traslado a una cárcel implicaría un régimen de aislamiento absoluto incompatible con los estándares constitucionales en materia de ejecución penal.