El juicio político es el mecanismo constitucional que permite al Congreso de la Nación destituir a las máximas autoridades del país, incluyendo al presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros nacionales y jueces de la Corte Suprema. Su viabilidad depende de la composición del Congreso y de las alianzas políticas que sostienen al gobierno.

Recientemente, el mandato de Javier Milei ha estado marcado por el escándalo de las Criptomonedas, lo que ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que enfrente un proceso de juicio político. Pero, ¿qué tan factible es esta opción?

Causales y procedimiento del Juicio Político

Para que un funcionario sea sometido a juicio político, deben existir al menos una de las siguientes causales:

-Mal desempeño de sus funciones, una razón de interpretación subjetiva.

-Comisión de delitos en el ejercicio del cargo, como podría ser el caso de la promoción de la memecoin $LIBRA.

-Comisión de delitos fuera del ejercicio del cargo, siempre que exista una condena judicial previa.

El proceso comienza en la Cámara de Diputados, donde cualquier legislador o ciudadano puede presentar una denuncia. La Comisión de Juicio Político evalúa su admisibilidad y, si avanza, se abre un sumario con pruebas documentales y testimoniales.

Si la Comisión emite un dictamen favorable, la Cámara de Diputados debe aprobar la acusación con el voto de dos tercios de los presentes. Si esto sucede, el proceso pasa al Senado, que decidirá la destitución o absolución del acusado con la misma mayoría.

En caso de que el juicio sea contra el presidente, el titular de la Corte Suprema preside el Senado, lo que refuerza la institucionalidad del proceso y excluye a figuras como Victoria Villarruel de cualquier rol activo en la decisión.

El desafío del Congreso: Dependencia de los aliados

Desde su asunción, Milei enfrenta un Congreso adverso. La Libertad Avanza cuenta con solo 38 diputados sobre 257 y 7 senadores sobre 72, lo que lo obliga a depender de aliados como el PRO y sectores del radicalismo.

Este débil respaldo se evidenció en la votación de la Ley Ómnibus y en el rechazo a la Ley de Financiamiento Educativo y la nueva fórmula jubilatoria. En el Senado, el peronismo mantiene la primera minoría con 34 bancas y ha bloqueado varias iniciativas del oficialismo.

Esta falta de mayoría también impactaría en un eventual juicio político. Para que avance en Diputados, la oposición necesitaría 172 votos, lo que sería imposible sin el respaldo de sectores aliados al gobierno. En el Senado, donde la oposición es más fuerte, el desafío es menor, pero el proceso nunca llegaría a esa instancia sin superar la primera barrera en la Cámara Baja.

¿Es realmente posible un Juicio Político contra Milei?

Históricamente, los juicios políticos en Argentina son poco frecuentes y, en su mayoría, quedan archivados en la Comisión de Juicio Político de Diputados. La última destitución efectiva ocurrió en 2005, cuando el Senado removió al juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano.

Para que Milei enfrente un juicio político, no solo sería necesario que la oposición lo impulse, sino que sus propios aliados le retiren el respaldo. Desde el PRO, Diego Santilli dejó clara su postura: "Quieren ponerle una zancadilla, meterle un juicio político. No lo vamos a permitir". Cristian Ritondo también defendió a Milei en redes sociales: "Los que fundieron Argentina piden juicio político. No tienen vergüenza".

Hasta ahora, el oficialismo ha logrado sostener un núcleo de apoyo en el Congreso. Sin embargo, Milei podría verse obligado a reforzar su estrategia política para evitar que la oposición avance en su contra. Más que una amenaza inminente, el juicio político refleja la inestabilidad de su gobierno y la creciente tensión en su círculo de poder.