El inusitado interés de los libertrios por este debate levanta sospechas entre los dialoguistas. Se especula con que solo sea utilizado por el oficialismo como una prenda de negociación en el Senado para descongelar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema. Tendrá también un costado discursivo: desactivará las acusaciones de haber pactado en el pasado reciente con el kirchnerismo.

El camino no será sencillo. Aunque La Libertad Avanza logró el dictamen de mayoría con el respaldo del Pro, el MID y, en disidencia, la Coalición Cívica, la UCR e Innovación Federal, el debate estará atravesado por propuestas alternativas que podrían modificar el texto original.

Un sondeo informal de LA NACION sugiere que la sesión tendrá quorum y que la aprobación en general del proyecto está asegurada con más de 135 votos de distintos espacios. Pero la votación en particular será otro desafío: artículos clave podrían desplomarse o sufrir alteraciones sustanciales. La cláusula de temporalidad, que limita las condenas consideradas a aquellas firmes antes del año electoral, está en la cuerda floja. Alarmados por el riesgo de un traspié en el recinto, referentes del oficialismo activaron teléfonos desde el lunes temprano para forjar un texto de consenso. A las 16 del martes, en una reunión a contrarreloj, se revisará artículo por artículo, en un último intento de blindar el proyecto como llegó desde el Poder Ejecutivo.

Unión por la Patria, a través de la massista Mónica Litza, impulsa la continuidad del esquema vigente: que solo la Corte Suprema pueda inhabilitar candidaturas. Su proyecto también amplía el listado de delitos que impiden postularse.

Encuentro Federal, con el respaldo de Margarita Stolbizer, Oscar Agost Carreño, parte de los cordobeses aliados a Martín Llaryora y Ricardo López Murphy, propone eliminar la cláusula de temporalidad y extender la restricción a los titulares de empresas públicas.

Desde el bloque Democracia, que responde a los radicales Facundo Manes y Martín Lousteau, rechazan que se desestimen las sentencias del mismo año electoral. "Están instalando como una verdad que hay tribunales que actúan conforme criterios electorales", argumentó Fernando Carbajal en el plenario de Comisiones.Junto a Pablo Juliano plantea, además, ampliar la lista de delitos incluidos en la inhabilitación: cualquier pena mayor a tres años de prisión, no solo los delitos de corrupción, impediría a una persona ser candidata.

Carla Carrizo y Danya Tavela, también de Democracia, proponen un criterio aún más amplio: sostienen que nadie con condena judicial debería ocupar un cargo público.

La Izquierda, representada por Vanina Biasi, se planta en la vereda opuesta y presentó un dictamen de rechazo al proyecto de Javier Milei.

Los detalles

Después de dos intentos frustrados, la discusión sobre el proyecto de "ficha limpia" vuelve a escena. La oposición-Pro, la UCR, los radicales de Democracia, parte de Encuentro Federal y la Coalición Cívica-chocó dos veces contra la misma pared: la falta de quorum. En ambas sesiones, La Libertad Avanza y sus socios estratégicos, como Creo y los tucumanos de Independencia, optaron por el vacío y desbarataron la jugada.

La Casa Rosada redobló la apuesta con una nueva versión, diseñada para cerrarles el paso a las candidaturas de dirigentes con condenas por corrupción ratificadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre previo a una elección.

El texto introduce un corte temporal clave: si la confirmación de la condena llega después del 1° de enero del año electoral, la inhabilitación solo se activará una vez finalizado el proceso. Como parte del esquema, la Cámara Nacional Electoral deberá mantener un registro público con los nombres y antecedentes de los afectados. Las restricciones también alcanzan a funcionarios del Poder Ejecutivo, desde el jefe de Gabinete hasta directores de empresas estatales.