El Gobierno nacional decidió dar de baja el Programa de Fortalecimiento Comunitario, que otorgaba subsidios a comunidades indígenas para asesoramiento legal en conflictos territoriales. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj.

El programa estaba destinado a cubrir los costos de asesoramiento jurídico, contable y la regularización de tierras para comunidades indígenas, con el objetivo de consolidar la posesión y avanzar hacia la propiedad comunitaria. Sin embargo, el Gobierno justificó su eliminación argumentando que el programa "no cumplió con los objetivos planteados" y que presentaba deficiencias en su ejecución y seguimiento, según auditorías de la Sindicatura General de la Nación.

La resolución se enmarca dentro del decreto de emergencia pública 70/2023, que declaró la crisis económica, social y fiscal del país hasta diciembre de 2025. En ese sentido, el documento sostiene que es necesario "optimizar los recursos del Estado" y reconfigurar las políticas públicas de acceso a la justicia para comunidades indígenas.

Además, el Gobierno señaló que el programa carecía de herramientas de registro y sistematización de datos, lo que dificultaba medir su impacto real. Como parte de la reestructuración de gastos, el INAI resolvió su eliminación y derogó la Resolución INAI N° 235/04, que había dado origen al programa.