La Justicia Federal dejó en suspenso, sin fecha definida, la declaración indagatoria del expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género iniciada por su expareja, Fabiola Yañez. La decisión se tomó luego de que Fernández recusara al juez Julián Ercolini, argumentando presunta parcialidad en su contra, lo que llevó al magistrado a posponer el trámite judicial hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva el planteo.
Esta suspensión es la tercera postergación en lo que va del mes. Inicialmente, la audiencia estaba pautada para el 17 de diciembre, luego fue reprogramada al 26, y finalmente se trasladó al 2025. Ahora, el proceso queda en pausa indefinida.
El equipo legal del exmandatario, encabezado por la abogada Silvina Carreira, presentó dos recursos en días recientes. Primero, solicitó que la causa sea trasladada al fuero Penal Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, argumentando que los hechos denunciados se enmarcan en contravenciones locales, como maltrato y hostigamiento, según el Código Contravencional porteño.
Además, Fernández intentó apartar nuevamente a Ercolini, al considerar que su supuesta parcialidad podría comprometer el proceso. Sin embargo, el juez rechazó este planteo, calificándolo de "infundado tanto en lo fáctico como en lo jurídico". A pesar de ello, la defensa apeló la decisión ante la Cámara de Apelaciones, lo que paralizó la causa.
La indagatoria de Fernández se había convertido en un punto clave de la investigación que inició tras la denuncia de Yañez. La expareja del expresidente acusa al líder político de episodios de violencia psicológica y maltrato durante su relación. Sin embargo, las reiteradas maniobras legales han extendido los plazos y obstaculizado el avance de la causa.
Ercolini explicó que, hasta que la Cámara porteña no confirme su continuidad al frente del caso, no se podrá fijar una nueva fecha para la indagatoria. Fuentes judiciales creen que la Cámara ratificará la competencia del magistrado, aunque el proceso podría seguir dilatándose si la defensa de Fernández insiste con recursos adicionales.
El caso ha generado un fuerte debate público, tanto por su relevancia política como por la problemática de la violencia de género. Organizaciones sociales y de derechos de las mujeres han cuestionado las dilaciones en el caso y exigen que la justicia actúe con celeridad.
Por su parte, Fernández mantiene un perfil bajo, pero su equipo jurídico insiste en que el proceso debe respetar "todas las garantías". Mientras tanto, Yañez ha evitado realizar declaraciones públicas, aunque desde su entorno señalan que busca justicia y una resolución firme.
Ahora, la causa está en manos de la Cámara de Apelaciones, que deberá decidir si confirma a Ercolini como juez competente. De no haber más recursos dilatorios, se espera que la indagatoria pueda reprogramarse en el transcurso de 2025. Hasta entonces, el caso sigue en pausa, y con él, las respuestas que Fabiola Yañez y la sociedad esperan de un proceso que pone en el centro de la escena el compromiso de la justicia frente a las denuncias de violencia de género.