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Es el cuarto decreto publicado por Nación para reformar la rendición de cuentas de estas instituciones.
El Gobierno de Javier Milei publicó este martes en el Boletín Oficial el Decreto 1096, mediante el cual introduce cambios en el régimen de contratación de la Administración Pública, impactando directamente en las universidades públicas. El objetivo principal de la medida es garantizar un control más efectivo de los recursos y asegurar la transparencia en los procedimientos de contratación.
Este decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, modifica el artículo 14 del reglamento vigente, eliminando el apartado que permitía excepciones en los procesos de contratación directa.
El nuevo decreto establece condiciones más estrictas para la convocatoria y adjudicación de contrataciones, introduciendo normas específicas de publicidad y procedimiento:
Compulsa abreviada:
Las invitaciones deberán enviarse a un mínimo de 3 proveedores con al menos 3 días hábiles de antelación a la fecha de apertura de las ofertas.
La convocatoria debe publicarse en los sitios oficiales de la Oficina Nacional de Contrataciones o el sistema electrónico de contrataciones.
Casos de urgencia:
En situaciones excepcionales, las invitaciones se enviarán también a 3 proveedores y se publicarán en el portal de la Oficina Nacional de Contrataciones desde el mismo día en que se realicen.
Difusión obligatoria:
La publicidad será obligatoria para la mayoría de los procedimientos, excepto en situaciones de emergencia y en casos específicos del apartado 6 y 8.
Por otro lado, el Ejecutivo también derogó los artículos 23, 23 bis y 24 del reglamento, que habilitaban la adjudicación simple con universidades nacionales y organizaciones de la economía social.
Este decreto es el cuarto en una serie de medidas impulsadas desde la Casa Rosada para reformar el control y la rendición de cuentas de las universidades públicas y entidades vinculadas a la economía social. El Gobierno busca con estas reformas establecer criterios más rigurosos y transparentes en la utilización de fondos públicos.
El Ejecutivo nacional sostiene que estas modificaciones son necesarias para fortalecer la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos estatales. Desde el ámbito académico y político, las medidas han generado debate sobre la autonomía universitaria y el impacto que podrían tener en los procesos administrativos de las instituciones.
De esta manera, el Gobierno reafirma su intención de aplicar controles más estrictos a las universidades públicas, en el marco de una política más amplia de ajuste y reforma en la administración de los recursos públicos.
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