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La consejera K Vanesa Siley publicó un orden de mérito en el que se destacan Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Leonel Gómez Barbella.
Una semana después de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la condena por corrupción contra Cristina Kirchner en el caso Vialidad, el Consejo de la Magistratura avanzó con una propuesta que genera polémica. La consejera kirchnerista Vanesa Siley presentó un listado preliminar de candidatos para cubrir tres vacantes en el máximo tribunal penal, incluyendo magistrados que en diversas instancias han favorecido judicialmente a la exvicepresidenta.
El documento, ubica en los primeros lugares a Gabriela López Iñiguez y José Michilini, jueces con trayectoria en Comodoro Py. Ambos firmaron el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, originalmente impulsada por el fallecido fiscal Alberto Nisman. Aunque ese fallo fue revertido en 2023 por la Cámara de Casación, ordenando un juicio oral, la actuación de López Iñiguez y Michilini sigue generando controversia en el ámbito judicial.
López Iñiguez, además de haber reducido penas en el caso de lavado de dinero contra Lázaro Báez, participó en la condena de Julio De Vido por la tragedia de Once. Por su parte, Michilini fue quien sentenció a José López por enriquecimiento ilícito en el escándalo de los bolsos de dinero.
El tercer lugar en el listado lo ocupa el fiscal Leonel Gómez Barbella, exintegrante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. Designado durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, Gómez Barbella ha tenido una carrera controversial, marcada por traslados entre dependencias clave, incluyendo Comodoro Py, donde solicitó indagatorias en la causa Papel Prensa.
Completa la lista el juez Fernando Machado Pelloni, reconocido por su perfil técnico. Entre sus decisiones, destaca la condena a Ricardo Echegaray en la causa Oil, aunque absolvió a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. La Corte Suprema anuló posteriormente esa resolución, lo que abre un nuevo capítulo en este caso emblemático.
La Cámara Federal de Casación Penal es una instancia crucial en el sistema judicial, especialmente en causas de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. Actualmente, enfrenta un déficit de tres jueces, debido a las jubilaciones de Liliana Catucci, Ana María Figueroa y Eduardo Riggi.
Este vacío se suma a la crisis generalizada de la Justicia, donde aproximadamente el 30% de los puestos de magistrados están vacantes. Según datos del Consejo de la Magistratura, hay 1.224 concursos abiertos, pero muchos de ellos se encuentran estancados en el Senado, un órgano que retiene pliegos estratégicos como parte de su dinámica política.
La decisión de Siley de impulsar este listado, que todavía debe superar impugnaciones y revisiones, fue interpretada en Comodoro Py como una "respuesta directa" al fallo de Casación contra Cristina Kirchner. "Casualidad o causalidad, la nominación de estos jueces llega justo tras la condena", comentó un magistrado del tribunal.
En este contexto, la nominación de jueces para la Casación Federal adquiere un peso político y judicial significativo. Las próximas semanas serán clave para definir si los candidatos propuestos avanzan en el proceso o enfrentan nuevos cuestionamientos que sigan alimentando la controversia en torno al rol de la Justicia en la Argentina.
