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El oficialismo le había quitado impulso al proyecto, pero lo retomará el jueves. Promesa de sesiones extraordinarias y una nueva negociación
En medio de las negociaciones para frustrar la jugada opositora contra los DNU, el gobierno de Javier Milei reactivó el debate sobre el Presupuesto 2025 que parecía haber frenado y le agregó la promesa de convocar a sesiones extraordinarias como una garantía para los gobernadores de que, de una forma u otra, buscará un acuerdo para que haya ley.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el oficialista José Luis Espert fue convocada para el jueves a las 10:00 y, según indicaron dos diputados de La Libertad Avanza iProfesional, la intención es tratar de firmar el dictamen para que el proyecto se ponga a votación en el recinto la semana próxima.
Ese cuerpo no se reúne hace tres semanas y esto, sumado a que el Gobierno había dejado trascender que no convocaría a sesiones extraorinarias para después del 30 de noviembre -cuando finaliza el período de sesiones ordinarias- y que no tenían "urgencia" en que se aprobara el Presupuesto, agitó el fantasma de que Milei buscaba gobernar otro año sin ley presupuestaria, para reconducir partidas disrecionalmente.
La necesidad de impedir que la oposición rechazara el DNU 846 que le dio plena libertad al Ministerio de Economía para renegociar bonos de deuda obligó al Gobierno a cambiar la narrativa y ofrecer garantías de que el Presupuesto se tratará, para que los gobernadores ordenaran a sus diputados desactivar la sesión.
Además de convocar a la Comisión de Presupuesto, el oficialismo dejó trascender ahora que en caso de no llegar a aprobar el proyecto antes del 30 de noviembre -lo que es muy probable que ocurra porque luego tendrá que pasar por el Senado- "habrá sesiones extraordinarias" para diciembre y/o enero, deslizó una importante fuente del oficialismo ante iProfesional.
En tanto, mientras el oficialismo intentaba desactivar la sesión convocada por la oposición, se lo vio al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, en los pasillos de la Cámara baja. Rolandi es uno de los principales interlocutores del Ejecutivo con el Congreso y les habría transmitido a varios diputados la decisión de llamar a extraordinarias para tratar el Presupuesto.
Tanto la convocatoria a la comisión como ese cambio de planes respecto de la agenda parlamentaria del Gobierno fueron la moneda de cambio con los jefes territoriales, que ya habían recibido previamente la amenaza de que, si la oposición rechazaba ese DNU sobre canje de deuda, Milei optaría por reconducir el Presupuesto 2023 otro año y recortarle más fondos a las provincias.
La jugada funcionó para ambos lados. Milei logró mantener a salvo el DNU y los jefes provinciales se llevaron una señal concreta de que el Ejecutivo intentará aprobar el Presupuesto 2025, con la promesa de que se podría firmar el dictamen el próximo jueves. Esto significa que se buscará un acuerdo para que las provincias tengan recursos asegurados por ley.
Entre los diputados -sobre todo los opositores más duros con el Gobierno- quedó una sensación extraña porque no se sabe quiénn presionó más a quién, si los jefes provinciales al oficialismo con la amenaza de "voltear" un DNU estratégico para la gestión de Milei o si en realidad fue la Casa Rosada con la advertencia de que si esa jugada avanzaba no habría Presupuesto. En cualquier caso, ambas partes se llevaron algo.
Lo que queda ahora por delante es la negociación de las partidas contempladas en el Presupuesto 2025, que no parece fácil de destrabar. Es posible que si el jueves en la comisión que encabeza Espert el proyecto pasa a la firma haya más de un dictamen.
Por caso, el bloque Encuentro Federal ya avisó que presentará un dictamen propio con modificaciones: quieren aumentar las partidas para jubilaciones y el presupuesto universitario mediante un recorte de las exenciones y beneficios impositivos que reciben los ensambladores de tecnología de Tierra del Fuego y otras empresas.
El Gobierno, por ahora, se resiste a esta modificación y se concentra en los reclamos que ya le acercaron casi todos los gobernadores, como el pago de la deuda con las cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la ANSES y los fondos para continuar con las obras públicas que el Ejecutivo les traspasó a las provincias, entre otros temas.
Los gobernadores de la UCR en particular, reclaman también que vuelva a las provincias el 1,9% de los fondos coparticipables que les retenía la AFIP desde 2001 para solventar sus gastos de funcionamiento, ahora que será reemplazada por la ARCA y que tendrá una estructura más chica.
Todos estos planteos forman parte de la negociación entre la Casa Rosada y las provincias y serán clave para que el Presupuesto 2025 avance en la comisión primero y en el recinto de Diputados y del Senado después.
El Presupuesto 2025, que Milei fue a presentar personalmente al Congreso el 15 de septiembre pasado, proyecta que la inflación se desacelerará y será 18,3% interanual, el nivel más bajo en más en diez años, y que el dólar oficial llegue a $1.207 para diciembre de ese año. Pero el eje central del proyecto es la regla de "déficit cero" que incorporó Milei como condición inviolable.
Por eso, la iniciativa estima recursos totales por $125 billones, equivalentes al 16,5% del PBI (0,2 puntos abajo respecto a 2024) y gastos totales también por $125 billones. Ante los reclamos de mayores recursos para jubilados y universidades que levanta la oposición, el Gobierno respondió que recorten otras partidas para financiarlos. Es en ese marco que buena parte de la oposición quiere recortar los "gastos tributarios"
Por otro lado, el texto anticipa un superávit en términos del PBI con un resultado primario de 1,3%. El Gobierno estimó un resultado financiero superavitario de $190.655 millones y un crecimiento del PBI de 5% tras una caída proyectada en 3,8% para este año, pero prevé que sea sostenido en los años siguientes (otro 5% en 2026 y 5,5% en 2027).
La única certeza que hay hasta el momento sobre el Presupuesto 2025 es que el gobierno de Javier Milei, forzado o no por la oposición, decidió avanzar con su tratamiento después de haber dado señales en contrario. El texto final del proyecto dependerá de si logra o no acordar con los gobernadores para juntar los votos en el Congreso.
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