La sentencia será leída en una audiencia pública de la Sala IV de la Casación, que preside Gustavo Hornos, quien estará acompañado por Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El trámite será breve, no durará ni media hora, anticipan en los tribunales. Allí se conocerán los antecedentes de las condenas y las absoluciones impuestas por el Tribunal Oral Federal 2, en 2022, y la parte resolutiva del fallo de la Casación.

Cristina Kirchner no estará en la sala de audiencias, sino sus abogados; el fiscal ante la Casación, Mario Villar, y los abogados del resto de los acusados. Los jueces eligieron desarrollar la audiencia en la Sala B de Comodoro Py 2002, en la planta baja del edificio, sobre el extremo más cercano al río de La Plata.

En el otro extremo, frente a la puerta de los tribunales, habrá militantes kirchneristas que asistirán a una "clase pública" sobre el lawfare, que dictarán Juan Martín Mena, ministro de Justicia de Axel Kicillof, y Juan Grabois. Habrá unos 200 policías controlando la seguridad.

Los jueces firmarán el fallo -de unas 1800 páginas- antes de la audiencia. Luego, leerán una pieza que sintetiza los puntos más salientes de la decisión, que se protocolizará y cuyas copias electrónicas se entregarán a las partes.

Todas las fuentes coinciden en que los jueces rechazarán todos los recursos de la fiscalía y de las defensas, con lo que quedaría firme la sentencia que impusieron en el juicio oral los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes hallaron culpable a la expresidenta del delito de administración fraudulenta, condenándola a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Con la disidencia de Basso, Gorini y Giménez Uriburu la absolvieron por el delito de asociación ilícita, por el cual el fiscal del juicio, Diego Luciani, había pedido una condena de 12 años. El fiscal Villar sostuvo esa idea ante la Casación.

Báez, dueño de Austral Construcciones, fue condenado también a seis años de prisión como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta. La misma pena recibieron el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti. López había sido condenado previamente por enriquecimiento ilícito y por la tenencia ilegal de un arma de fuego.

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto de todos los cargos y seguirá así. Lo mismo que Abel Fatala, que fue el segundo de López en la Secretaría de Obras Públicas, y Santiago Kirchner, primo de Néstor Kirchner, que fue sobreseído.

Héctor Garro, extitular de Vialidad de Santa Cruz, fue absuelto por el tribunal, que en cambio condenó a los otros directivos de ese organismo provincial durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner: Mauricio Collareda (cuatro años), Raúl Daruich (tres años y seis meses), Raúl Pavesi (cuatro años y seis meses), José Raúl Santibáñez (cuatro años) y Juan Carlos Villafañe (cinco años).

La intervención de la Corte

Cristina Kirchner ya decidió que va a presentar un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revoque esta decisión de la Casación de dejar firme su condena. Lo mismo planea hacer el fiscal Villar, pero para que la Corte aumente la condena a 12 años, por asociación ilícita. También recurrirá la absoluciones del resto de los acusados.

Los imputados y la fiscalía tienen 10 días hábiles para plantear este recurso, que, si la Casación lo admite, les abre las puertas para llegar a la Corte. Si la Casación lo rechaza (algo improbable consideran en tribunales), les queda ir a la Corte mediante un recurso de queja.

Cristina Kirchner es la primer vicepresidenta en ejercicio condenada por cargos de corrupción, ya que cuando fue juzgado y condenado Amado Boudou, en 2018, ya había dejado la función pública.

Aún con la condena confirmada por la Casación, Cristina Kirchner no irá presa, ya que la sentencia queda firme y tiene aplicación -según el nuevo Código Procesal Penal Federal, parcialmente en vigencia- cuando se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años.

Cristina Kirchner no tiene fueros que eviten su arresto, pero tiene más de 70 años, por lo que si la Corte avalara el fallo de hoy, podría cumplir la pena en su casa. Asimismo, si prospera la ley de "ficha limpia" en el Congreso, con este fallo de Casación no podría ser candidata.

Las evidencias

Las evidencias que llevaron a condenar a Cristina Kirchner por fraude, valoradas por el Tribunal Oral Federal N°2 en 2022, son las normas que ampliaron los presupuestos de obras y el decreto que permitió generar un fideicomiso de la obra pública. A partir de aquí se analizaron 51 licitaciones que los jueces entendieron que fueron irregulares, estuvieron direccionadas, que tuvieron sobreprecios y que no se concluyeron las obras pactadas.

El tribunal analizó que el dinero de las obras era pagado de manera prioritaria a Báez y con privilegios sobre los otros contratistas, que el empresario santacruceño giraba parte de esos fondos al patrimonio del matrimonio presidencial, por ejemplo mediante el pago de alquileres de sus hoteles o propiedades, situación que se investiga en el caso Hotesur y Los Sauces, cuyo juicio fue frenado por el tribunal oral correspondiente a la espera de que se pronuncie la Corte. Los jueces entendieron que había un interés de Cristina Kirchner en privilegiar a Báez con operaciones que la beneficiaron.

Una evidencia clave fueron los mensajes de WhatsApp del secretario López, condenado por corrupción, a Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones, donde aludía a reuniones de Cristina Kirchner con Báez antes de que Mauricio Macri asumiera el poder. De hecho, en esos mensajes se decía que Báez quería cobrar todo antes de que Kirchner dejara el gobierno y que luego se debían desarmar las empresas, en lo que el fiscal Luciani denominó el "plan limpiar todo". En esos mensajes se decía que esperaban las decisiones de Cristina Kirchner.

Además de esta causa, a Cristina Kirchner le resta enfrentar el juicio de Hotesur y Los Sauces, por lavado de dinero; el juicio por la firma del pacto con Irán y el proceso por la causa de los cuadernos de las coimas. Además, la Corte debe resolver si corresponde juzgarla por la causa de "dólar futuro", donde el procurador Eduardo Casal se pronunció por la necesidad de realizar un juicio oral.