En la primera votación de nuestro país ante la Asamblea General de la ONU con Gerardo Werthein en Cancillería, la Argentina fue la única nación en votar contra de una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas. Fue en el marco de una sesión que se que celebró este lunes en Nueva York, EE.UU. 168 que formaron parte del encuentro se pronunciaron a favor -uno de ellos fue Estados Unidos, país con el que la administración Milei se alinea regularmente en materia de voto. Israel, otro aliado estratégicos del Gobierno, no participó de la asamblea-. Hubo además siete abstenciones: Francia, Laos, Lituania, Mali, Rumania, Bulgaria y Eslovaquia.

La primera versión del documento de resolución fue presentada en el mes de octubre. El pasado lunes se hizo entrega ante el organismo de una nuevo borrado, que contó con el apoyo de Bolivia, Canadá, Colombia, Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Islandia, Noruega, Perú, Paraguay y Venezuela, entre otros. El escrito promueve la protección de los derechos de comunidades originarias en materia de justicia, medioambiente y preservación de su cultura y lenguas.

Qué dice la resolución por la que la Argentina votó en contra ante la ONU

A lo largo de la resolución de 16 páginas, se destaca la importancia de promover y tratar de lograr los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también mediante la cooperación internacional para apoyar la concertación de esfuerzos e instrumentos a los niveles nacional y regional con el propósito de alcanzar los fines de la Declaración, incluidos el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales y su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

"Es necesario reconocer, respetar, promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, tierras y ecosistemas, salvaguardando al mismo tiempo sus tradiciones, creencias espirituales y conocimientos ancestrales, de reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado, y de garantizar su derecho a participar en la adopción de decisiones sobre asuntos que afecten a sus derechos, con arreglo a la legislación", señala en uno de sus párrafos.

Expresa asimismo "profunda preocupación por el aumento de la discriminación, el discurso de odio, la estigmatización, el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia" y condena "amenazas, hostigamiento, represalias y asesinato de miembros de los Pueblos Indígenas, en particular mujeres y niñas, y personas con discapacidad, a menudo con impunidad, así como de invasiones de tierras, desalojos forzosos arbitrarios y otras prácticas abusivas".

"Mostramos también preocupación por la práctica de algunos países, incluidos los que celebran reuniones sobre cuestiones indígenas, de demorar o denegar de forma intencionada o discriminatoria visados de entrada a titulares de mandatos de las Naciones Unidas o representantes de los pueblos indígenas, o de aplicarles restricciones de viaje adicionales que interfieren, entre otras cosas, con su capacidad para participar en esas reuniones o para regresar de ellas", completa. (La Nación)