Para justificar el ajuste educativo, Javier Milei instaló estos días que las universidades no aceptan ser auditadas. Qué cambia con esta resolución.
En medio de la polémica por el control a los gastos de las universidades públicas nacionales, el gobierno de Javier Milei derogó luego de once meses de gestión una prohibición de su antecesor que impedía que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) pueda auditar a las casas de estudio, que hoy están en el centro de la polémica por recortes del presupuesto que aplicó el Presidente y por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.
De ese modo, el organismo de control que conduce el síndico general de la Nación, Miguel Carlos Blanco, podrá auditar a las universidades públicas, que están en el centro de la controversia mediática por las denuncias de Milei acerca del supuesto "robo" de sus autoridades.
La resolución se produjo mediante un dictamen del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que le desatará las manos a Milei para poder auditar, demora que le impedía controlar, pese a que le echaba la culpa a las universidades.
Para justificar el ajuste educativo, Milei instaló en los últimos días que las universidades no aceptan ser auditadas. Pero en realidad es el Poder Ejecutivo el que debe auditarlas mediante la SIGEN, que es el ente de control bajo su jurisdicción.
Ocurre que una resolución del ex procurador del Tesoro Carlos Zannini del 28 de noviembre de 2022 había prohibido a la SIGEN hacer auditorías a las universidades públicas, muchas de ellas en manos de autoridades kirchneristas. Pero Milei, que derogó más de 3.000 decretos y normas, nunca revocó esa prohibición, por lo cual fue el Presidente el que no activó las medidas administrativas para auditarlas.
Por otra parte, el Poder Legislativo puede auditar las universidades porque la Ley de Educación Superior vigente indica que la Auditoría General de la Nación (AGN), el ente a cargo del Congreso y dirigido por la primera minoría, es la responsable de las auditorías sobre las universidades. Pero la AGN nunca se conformó porque el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no mandó a los candidatos de la Cámara baja para integrar ese organismo.
No lo hizo por una orden de Milei generada cuando ocurrió el escándalo de los diputados de La Libertad Avanza que habían ido a visitar a los ex represores a la cárcel de Ezeiza. Los candidatos de la oposición para integrar la AGN eran Jorge Triaca, por el PRO, Mario Negri, de la UCR, y Juan Ignacio Forlon o Guillermo Michel, por el peronismo.
Existe una disputa interna entre Máximo Kirchner, que impulsa a Forlón, y Sergio Massa, que promueve a Michel. Por el otro lado, ahora La Libertad Avanza quiere acordar con el PRO el lugar del auditor de una de las minorías, por lo cual comenzó a tambalear el nombre de Triaca.
En resumidas cuentas, Milei buscó culpar a las universidades de la falta de auditorías, pero en realidad esa demora se debió a falencias de gestión y de administración de su propio gobierno y del Congreso.
Para reforzar su relato, en un reportaje concedido este martes a LN+, el presidente Milei dijo que "todos estos que hacen este revuelo están a favor de que se usen las universidades políticamente para robar en beneficio de determinados delincuentes de la política. ¿Ustedes están a favor del robo?".
Prosiguió su argumentación: "Como las universidades están siendo pagadas por todos los argentinos a punta de pistola, corresponde que esos fondos tienen que ser auditados, la pregunta es ¿por qué no quieren ser auditados si no está en discusión la universidad pública y si no está en discusión que es no arancelada? ¿Por qué tanto problema?".
Y remató: "Porque las queremos auditar, ¿saben quién no quiere ser auditado? Principio de revelación, el que está sucio. Todo este revuelo es tomar una causa noble y agarrar y ocultar los curros de los delincuentes".
El dictamen del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra
Minutos después de culpar a las universidades, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, emitió un dictamen que autoriza a la SIGEN a auditar las universidades, lo cual confirma que la demora fue generada por el propio Poder Ejecutivo.
"A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales, en tanto el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521", escribió Barra en su resolución.
El dictamen de Rodolfo Barra tiene 25 páginas y fue dirigido a la Secretaría de Educación, que dirige Carlos Torrendell, del Ministerio de Capital Humano, de Sandra Pettovello.
En forma inmediata, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado con el título "Las universidades nacionales serán auditadas por la SIGEN". En ese texto se consignó que "Barra firmó un dictamen dirigido al Ministerio de Capital Humano, concluyendo que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) puede controlar a todas las Universidades Nacionales. El documento asegura que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional puede ser aplicado a las casas de estudio, dado que el ejercicio de dicho control no afecta ni contradice la autonomía ni la independencia financiera y administrativa que les otorga la Constitución Nacional".
El comunicado de Capital Humano agrega que "un dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Carlos Zannini, del 28 de noviembre de 2022 había impedido a la Sindicatura auditar las Universidades Nacionales. Desde ese entonces, solo la AGN, órgano dependiente del Congreso, quedaba investida con la capacidad auditora a las casas de estudios superiores. El dictamen firmado por el procurador del Tesoro revierte la situación y vuelve a otorgar a la Sindicatura General de la Nación la capacidad de auditar las Universidades".